GUANAJUATO, GTO.- La diputada de morena, Hades Berenice Aguilar Castillo, presentó un punto de acuerdo para que el Club León regrese al Gobierno del Estado 75 millones de pesos que le fueron otorgados como apoyos no justificados.
También solicitó que el titular de la CODE, Marco Gaxiola Romo, y el secretario de Finanzas, Héctor Salgado Banda, expliquen por qué se otorgaron esos apoyos a Fuerza Deportiva Club León S.A. de C.V.
Aguilar Castillo señaló que la comprobación detallada y documentada del uso de los recursos según el Convenio celebrado el 21 de agosto de 2024 entre la Comisión de Deporte del Estado de Guanajuato y la empresa Fuerza Deportiva del Club León, S.A. de C.V, en la cual se transfirieron 75 millones de pesos, revela irregularidades graves como: la falta de especificidad en el objeto, la ausencia de mecanismos de control, la temporalidad laxa e incumplimiento del beneficio social.
La congresista manifestó que resulta inexplicable e injustificable que una empresa privada, altamente rentable, que forma parte de un grupo empresarial multimillonario, requiera subsidios públicos para su operación básica, esto lo destacó después de que medios de comunicación revelarán financiamientos millonarios destinados a pago de nómina de jugadores y cuerpo técnico, gastos de arbitraje, hospedaje y viáticos para viajes, remodelación y mantenimiento del estadio, costos de seguridad privada, así como pagos a federaciones de fútbol.
Los 90 millones de pesos otorgados al Club León (75 millones en 2024 y 15 millones adicionales autorizados para 2025) sostuvo Aguilar Castillo, representan una afrenta directa a las necesidades más apremiantes de la población guanajuatense, puesto que la autorización y transferencia de recursos públicos para gastos operativos de una empresa privada, sin acreditar el beneficio social y violando la normatividad aplicable, actualiza potencialmente ambos supuestos de responsabilidad.
También dijo que el convenio menciona tangencialmente la implementación de la estrategia “Planet Youth” para la prevención de adicciones; sin embargo, no existe evidencia documentada de actividades específicas realizadas por el Club León, indicadores de impacto y justificación para la implementación de un programa preventivo que requirió del pago de nóminas de jugadores profesionales.
Finalmente, puntualizó que la opacidad con la que se manejó ese asunto viola sistemáticamente derechos fundamentales, por lo cual se requiere investigar exhaustivamente el destino de los recursos, así como los criterios específicos para la selección del Club León como beneficiario.
La propuesta se turnó a la Comisión de Hacienda y Fiscalización para su dictaminación.
