CIUDAD DE MÉXICO.- Finalmente este martes concluyó oficialmente la gestión de Marx Arriaga Navarro al frente de la Dirección General de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública (SEP). Su salida se formalizó tras un inusual periodo de cinco días en los que el funcionario permaneció atrincherado en sus oficinas; a su salida negó haber pedido “moches” a subalternos.
La crisis administrativa finalizó esta tarde cuando Arriaga recibió y firmó el oficio de destitución que venía exigiendo por escrito desde la semana pasada.
Tras la notificación formal, el ahora exfuncionario abandonó el inmueble caminando y se retiró utilizando el Metro de la Ciudad de México en la estación Coyoacán.
Fuentes cercanas a la dependencia señalan que el despido se derivó de una confrontación directa por el control de contenidos educativos.
Arriaga se habría negado a eliminar 192 temas de los libros de texto gratuitos, argumentando la defensa del modelo pedagógico actual frente a las nuevas directrices de la Secretaría.
En respuesta inmediata, la SEP anunció el nombramiento de Nadia López García como nueva titular del área. López García, destacada pedagoga y poeta indígena, asume el reto de reorganizar la dirección tras la turbulenta salida de su predecesor.
Al salir de la dependencia, Marx Arriaga declaró que se reincorporará a las labores docentes frente a grupo.
Asimismo, advirtió que continuará su labor crítica y de “resistencia” desde el ámbito académico, fuera de la estructura gubernamental.
NIEGA MARX MOCHES
Marx Arriaga negó rotundamente las acusaciones de haber solicitado “moches” o cobros indebidos a sus colaboradores. El exfuncionario calificó estos señalamientos como parte de una campaña de desprestigio tras su destitución de la SEP.
Trabajadores y exempleados de la Dirección General de Materiales Educativos presentaron quejas ante el Órgano Interno de Control de la SEP, acusando cobros forzosos de hasta 38 mil pesos por puesto para financiar supuestos “viajes revolucionarios” y giras educativas.
El exdirector afirmó que él mismo presentó denuncias previas por intentos de soborno por parte de proveedores de materiales educativos y negó haber solicitado dinero a su equipo.
Arriaga reviró acusando a la propia Secretaría de Educación Pública de corrupción y traición, alegando que su salida fue un “despido ilegal” motivado por su resistencia a modificar los libros de texto gratuitos.
Las denuncias mencionan también a Sadi Arturo Loaiza Escalona, colaborador cercano de Arriaga, como la persona que presuntamente operaba los cobros con la anuencia del director.
