CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, instruyó esta mañana al titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Jesús Antonio Esteva Medina, revisar con la gobernadora de Guanajuato, Libia García, revisar la posibilidad de retirar la caseta de cuota en la entrada a la capital de ese estado.

“Le pediría yo a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, que viera este tema con la gobernadora”, dijo Sheinbaum.

Agregó que una concesión estatal de una carretera requiere necesariamente la concesión federal al estado y después el estado puede hacer una concesión a privados, a partir de las normas establecidas en su constitución.

“Si hay una carretera que está en estas condiciones y particularmente esta caseta, le pedimos a Jesús Esteva que lo pueda ver con el gobierno del Estado y con gusto les contestamos a quienes están pidiendo que se quite esta caseta y que1 factibilidad hay”, concluyó.

La persistencia del cobro de peaje en la carretera Silao-Guanajuato ha detonado una crisis social y jurídica desde principios de este año.

Diversos colectivos ciudadanos y usuarios recurrentes han intensificado las protestas, exigiendo la revocación inmediata de la concesión otorgada al consorcio privado VISE-Rubau.

Y es que con un costo actual de 38 pesos por cruce para autos ligeros, los trabajadores que viajan diariamente entre ambas ciudades enfrentan un gasto anual superior a los 20,000 pesos, lo que consideran un cobro desproporcionado que asfixia la economía familiar.

La principal molestia radica en que esta vía fue pública y gratuita durante más de 35 años.

Los manifestantes denuncian que la concesión actual es irregular y atenta contra el derecho constitucional al libre tránsito.

Aunque la concesión se justificó bajo la promesa de financiar la autopista Silao–San Miguel de Allende, los habitantes de la capital aseguran no percibir mejoras reales en la movilidad local que justifiquen el pago sostenido.

Ante la falta de acuerdos, se han interpuesto juicios de lesividad y demandas federales para anular el contrato.

Paralelamente, las “jornadas de protesta” en la caseta, marcadas por bloqueos simbólicos y claxonazos, han obligado al Gobierno del Estado a considerar la realización de peritajes externos para evaluar la viabilidad técnica y legal de mantener el cobro.

Hasta el momento, la postura ciudadana es firme: “No más peaje en una carretera que ya fue pagada por el pueblo”.