SINALOA.- Han transcurrido 100 días desde que el gobernador de morena en Sinaloa, Rubén Rocha Moya, presentó su solicitud de licencia temporal al cargo, tras ser acusado de narcotráfico por el sistema de justicia de los Estados Unidos. Pese a ello, no ha sido detenido, pero sí dos exgobernadores de oposición que han servido para desviar el enfoque en el entramado sinaloense.
Mientras tanto, la situación en Sinaloa tras las acusaciones de Estados Unidos contra políticos de morena ha generado un fuerte sismo político y diplomático que mantiene bajo tensión a la entidad.
El Departamento de Justicia formalizó acusaciones contra el ahora gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, el senador Enrique Inzunza, el alcalde de Culiacán y otros funcionarios estatales por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, procediendo de inmediato a revocarles sus visas.
Ante la gravedad de los señalamientos, Rocha Moya se separó temporalmente de su cargo para facilitar las indagatorias y ha mantenido un perfil bajo en su residencia particular, mientras que la dirigencia de morena optó por cerrar filas en torno a los implicados, rechazando sanciones internas bajo el argumento de que se trata de una intromisión extranjera y una campaña de la oposición.
Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum ha minimizado el impacto político del caso y exige firmemente a Washington la entrega de pruebas irrefutables antes de avalar cualquier detención o extradición en suelo mexicano.
Aunque la Fiscalía General de la República abrió una carpeta para revisar el expediente enviado por las autoridades estadounidenses, ha señalado que por el momento no existen elementos de prueba locales que sustenten órdenes de aprehensión en el país, en un escenario donde el temor a nuevas imputaciones ha empujado a diversos políticos oficialistas de estados fronterizos a buscar acercamientos con agencias norteamericanas.
Gobernadores de oposición detenidos
En los últimos 100 días han sido detenidos dos exgobernadores de oposición en México. Ambas capturas fueron ejecutadas por la Fiscalía General de la República (FGR) a cardo de la morenista Ernestina Godoy.
Ernesto Ruffo Appel (exgobernador de Baja California – PAN): Fue detenido el 16 de julio de 2026 en Ensenada. Se le vinculó a proceso por presuntos delitos de delincuencia organizada y contrabando de combustible. La FGR lo investiga bajo un esquema de “huachicol fiscal” relacionado con la empresa Ingemar S.A. de C.V., de la cual es accionista, por presuntamente importar hidrocarburos desde Estados Unidos evadiendo impuestos aduanales.
Ángel Aguirre Rivero (exgobernador de Guerrero – PRD): Fue detenido el 6 de agosto de 2026. La FGR cumplimentó la orden de aprehensión en su contra por los delitos de desaparición forzada y obstrucción de la justicia dentro de las nuevas investigaciones del caso Ayotzinapa. Se le acusa formalmente del ocultamiento y destrucción de evidencias para conocer el paradero de los 43 normalistas desaparecidos en 2014 durante su mandato
