CIUDAD DE MÉXICO.— La reciente presentación de una lista de periodistas críticos del Gobierno de la 4T por parte de la consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde Luján, desató una intensa confrontación nacional luego de que diversos sectores de la sociedad civil, medios de comunicación y partidos políticos calificaran el acto como una campaña de intimidación y persecución de corte fascista instrumentada desde el poder.
Durante el espacio de “Derecho de Réplica” en Palacio Nacional, la funcionaria expuso el esquema titulado “Cuando el eco se disfraza de conversación”, donde señaló que los ataques contra el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum se estructuran mediante un ecosistema digital compuesto por medios de comunicación, figuras de la oposición, cuentas automatizadas y narrativas externas.
Aunque el Gobierno Federal defendió la legalidad y el carácter técnico de la exposición argumentando que solo se trata de transparentar cómo se inflan artificialmente los mensajes contrarios a la administración pública, la exhibición explícita de nombres encendió las alarmas sobre los límites del poder estatal frente a la libertad de expresión.
La controversia escaló debido a que en la pantalla oficial se señalaron de forma directa a periodistas de la talla de Carlos Loret de Mola, Leticia Robles de la Rosa, Luis Cárdenas, Lourdes Mendoza y Héctor de Mauleón, al igual que a medios informativos como El Universal, ADN 40, Latinus y Aristegui Noticias, provocando que comunicadores emblemáticos como Joaquín López-Dóriga retaran públicamente a las autoridades a sostener sus dichos, mientras que otros analistas recordaron la contradicción ideológica del partido oficialista, el cual en el pasado catalogaba la elaboración de listas de adversarios como prácticas macartistas.
Esta polémica abarcó también la esfera política y empresarial al incluir formalmente a 32 liderazgos opositores, entre ellos los expresidentes Felipe Calderón y Vicente Fox, los políticos Xóchitl Gálvez, Marko Cortés, Alejandro Moreno y Lilly Téllez, además del empresario Ricardo Salinas Pliego, detonando un reclamo unificado que exige al régimen federal el respeto absoluto a la crítica ciudadana indispensable en cualquier sistema democrático.
