CIUDAD DE MÉXICO.-. El vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuéllar, anunció que presentará una iniciativa de reforma constitucional para eliminar el fuero o inmunidad procesal penal a legisladores federales y locales, así como a gobernadores.

El objetivo es que que respondan ante la justicia bajo las mismas condiciones que cualquier ciudadano.

El diputado aclaró que la propuesta mantendrá intacta la inviolabilidad parlamentaria para proteger las opiniones y votos de los representantes, enfocándose estrictamente en retirar el blindaje contra delitos penales para evitar que los cargos de elección popular se utilicen como escudo ante la ley.

La iniciativa propuesta por Alfonso Ramírez Cuéllar para eliminar el fuero constitucional llega en un momento de alta tensión política en México, marcado por severos cuestionamientos y procesos de desafuero que involucran a varios políticos de morena.

Rubén Rocha Moya (Gobernador de Sinaloa)

El debate sobre el uso del fuero como escudo judicial se intensificó drásticamente con su caso. El gobernador enfrenta acusaciones del Departamento de Justicia de EE. UU. por presuntos vínculos con el narcotráfico.

Solicitó una licencia temporal para ser investigado. Sin embargo, tras 112 días fuera, retomó intempestivamente sus funciones por un lapso menor a dos días, lo que analistas calificaron como una maniobra unilateral para recuperar la inmunidad procesal ante posibles órdenes de aprehensión de la FGR.

Ante el descontento de su propio partido (Morena), el Congreso de Sinaloa le aprobó una licencia temporal con carácter indefinido.

Enrique Inzunza (Senador por Morena)

El exsecretario de Gobierno de Sinaloa y actual senador también fue señalado por autoridades estadounidenses por presuntos nexos con el crimen organizado.

Tras permanecer 113 días sin presentarse presencialmente en el Senado, anunció su regreso a las actividades legislativas para finales de agosto. Sectores de la oposición afirman que su reincorporación presencial busca afianzar la protección de su fuero legislativo frente a las investigaciones en curso.

Cuauhtémoc Blanco (Diputado Federal por Morena)

El exgobernador de Morelos representa uno de los ejemplos más claros de cómo el proceso de desafuero actual (juicio de procedencia) es criticado por su alto contenido político.

Blanco fue denunciado formalmente por presuntos delitos sexuales y tentativa de violación contra su media hermana.

Aunque la Fiscalía de Morelos solicitó retirar su inmunidad, la mayoría oficialista en la Cámara de Diputados desechó la solicitud, declarándola improcedente por “falta de pruebas suficientes”. Ello le permitió conservar intacto su fuero.

Ignacio Ovalle (Exdirector de Segalmex)

Aunque actualmente no cuenta con fuero porque no ocupa un cargo legislativo o de gubernatura, su caso es el emblema del reclamo social contra la impunidad en la administración pública.

Ovalle está ligado al desvío de más de 15 mil millones de pesos en Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex). Pese a que existen decenas de excolaboradores y empresarios detenidos, la FGR no ha procedido penalmente en su contra.

La oposición utiliza este caso para argumentar que, además del fuero legal, subsiste un “fuero político o fáctico” que protege a ciertos exfuncionarios federales de rendir cuentas ante la justicia.

La propuesta de Ramírez Cuéllar busca, precisamente, que figuras envueltas en este tipo de escándalos penales no dependan del voto de las mayorías en el Congreso para ser procesadas, obligándolas a encarar a la justicia penal de manera inmediata.