CIUDAD DE MÉXICO. — El conglomerado de seguridad tecnológica Seguritech se encuentra en el centro del debate público tras revelarse los estrechos vínculos operativos y patrimoniales que mantiene con la gobernadora morenista de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, y el exmandatario panista de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, lo que ha detonado severos cuestionamientos por presuntos conflictos de interés en la asignación de millonarios contratos gubernamentales.

En Quintana Roo, una investigación periodística internacional demostró que la gobernadora Mara Lezama y su núcleo familiar realizaron al menos 43 vuelos internacionales utilizando dos aeronaves privadas operadas por PABE-TAX, una compañía de taxis aéreos asentada en el Aeropuerto de Toluca que comparte apoderados y representantes legales con el consorcio Grupo Seguritech.

Este hallazgo encendió las alarmas debido a que Seguritech es simultáneamente un contratista activo del gobierno quintanarroense a cargo de los sistemas de videovigilancia estatales, una situación que la mandataria minimizó al asegurar públicamente que los viajes fueron costeados con su propio patrimonio familiar sin desviar recursos públicos. Esta versión fue respaldada por la presidencia de la República tras solicitarle una aclaración formal.

Por otra parte, la controversia adquiere un matiz aún más severo en Guanajuato, donde el término del sexenio de Diego Sinhue Rodríguez Vallejo expuso el escándalo de la denominada “Casa Azul”, una residencia de lujo valuada en un millón de dólares en la exclusiva zona de The Woodlands, en Houston, Texas, a donde la familia del exgobernador se mudó de inmediato tras concluir su mandato.

Dicha propiedad figura a nombre de una firma administrada por Daniel Esquenazi Beraha, socio fundador y principal operador de relaciones públicas de Seguritech.

Bajo la gestión de Rodríguez Vallejo, la empresa no solo retuvo el monopolio de la infraestructura tecnológica de seguridad iniciada en el sexenio previo, sino que se vio beneficiada con prórrogas y nuevos contratos para operar cámaras, drones y arcos carreteros bajo un esquema de estricta opacidad, ya que el gobierno estatal reservó los expedientes financieros argumentando motivos de seguridad nacional, una política que hoy es objeto de auditorías por parte de la Secretaría de la Honestidad estatal ante la evidente contradicción entre el gasto gubernamental y la crisis de violencia que azotó a la entidad.