CIUDAD DE MÉXICO.- La senadora con licencia por Morena, Julieta Ramírez Padilla, se encuentra inmersa en un grave escándalo político tras revelarse una presunta investigación en su contra por parte del gobierno de Estados Unidos y una negociación para convertirse en testigo colaborador de la Fiscalía Federal de San Diego.

De acuerdo con un reportaje de la unidad N+ Focus, se filtró la existencia de un documento legal conocido como proffer agreement, emitido por el Departamento de Justicia estadounidense, en el cual la legisladora habría aceptado reunirse con fiscales y agentes federales para aportar información confiable sobre presuntos ilícitos a cambio de inmunidad procesal.

Esta controversia escala directamente hacia la cúpula del poder en Baja California, ya que la misma investigación periodística señala que el Departamento de Justicia extendió este mismo tipo de acuerdo de colaboración a la actual gobernadora morenista del estado, Marina del Pilar Ávila Olmeda, así como a varios miembros de su círculo cercano.

La relación entre ambas funcionarias es histórica y profunda: Julieta Ramírez inició su carrera bajo la tutela directa de Marina del Pilar, desempeñándose primero como su secretaria particular durante su gestión en el ayuntamiento de Mexicali antes de dar el salto al Congreso de la Unión.

El caso además conecta con episodios previos de tensión bilateral, dado que en mayo de 2025 el gobierno de Estados Unidos revocó formalmente la visa de la gobernadora Ávila Olmeda, y apenas en julio de ese mismo año la mandataria estatal reconoció públicamente haber intentado cooperar con las autoridades estadounidenses para resolver su estatus migratorio.

Por su parte, Julieta Ramírez descalificó rotundamente el reportaje, tachándolo de “guerra sucia”, una “farsa” y un “mitote” orquestado para debilitar sus aspiraciones políticas.

La legisladora exigió al medio que presente pruebas documentales con su firma, argumentando que todo es un ataque derivado de la intensa contienda interna de Morena por la Coordinación Estatal de la Defensa de la 4T, proceso en el que ella compite por la candidatura a la gubernatura de Baja California rumbo a las elecciones.

Aunque la dirigencia nacional de Morena arropó de inmediato a la senadora con licencia calificando las acusaciones como falsas, el trasfondo de las supuestas aproximaciones de funcionarios morenistas con Washington para entregar información en contra de sus propios compañeros de partido ha cimbrado la política interna del estado y encendido las alertas sobre las implicaciones de estas investigaciones transfronterizas.