CIUDAD DE MÉXICO.- La Fiscalía General de la República continúa con la revisión minuciosa de los permisos y la documentación de la terminal de almacenamiento en San José Iturbide, Guanajuato, luego del aseguramiento de 59 millones de litros de combustible que inicialmente fue catalogado como un golpe histórico al “huachicol fiscal”.

Aunque la planta de la empresa Gas Natural del Noroeste opera de forma legal desde 2016 y los representantes legales afirman que el hidrocarburo pertenece a firmas trasnacionales legítimas, la investigación fue atraída por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada debido a que los involucrados aún no presentan los pedimentos, facturas e historial de trazabilidad idóneos para acreditar plenamente el origen licito del producto.

La presidenta de México confirmó que se mantiene un cruce de datos integral y exhaustivo con las autoridades fiscales, enfatizando que el caso no se cerrará ni se descartará formalmente la comisión de un delito hasta que concluya la verificación física y documental “litro por litro”, un proceso que ya provocó la remoción del anterior delegado de la corporación federal en la entidad por haber anunciado de manera prematura el decomiso.