LEÓN, GTO.- Gabriel Cortés Alcalá permanecerá en su cargo de secretario de Salud de Guanajuato, pese a que es investigado por irregularidades en el manejo de 50 millones de pesos cuando era director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) de León; así lo adelantó la gobernadora Libia García.

“Estaremos dando, yo particularmente muy puntual seguimiento, él tendrá que responder y en su momento, ya una vez que se avance, si es que se avanza el proceso y se llega a una responsabilidad, pues en ese momento estaré tomando determinaciones”, declaró la gobernadora este martes.

Ayer, el abogado Roberto Saucedo Pimentel dio a conocer que un juez federal ordenó reabrir el caso en el que se acusa al actual secretario de Salud del Estado, Gabriel Cortés,
Y es que la primera carpeta de investigación fue archivada a semanas de su apertura y por ello tres elementos de la Fiscalía General de la República fueron vinculados a proceso, a excepción de quien fuera su jefe; Gerardo Vázquez Alatriste, quien pasó de ser delegado de esa institución federal a la Fiscalía General del Estado de Guanajuato.

“Lo que él me ha compartido es que no ha recibido una notificación formal al respecto, estaremos esperando”, declaró Libia.

Luego de ser cuestionada sobre si Cortés Alcalá debería separarse del cargo mientras se realiza la investigación, la gobernadora atajó diciendo que no se deben hacer juicios a priori.

“Yo lo que te puedo decir es que no podemos hacer juicios a priori, mi compromiso es con la gente, yo me comprometí a que quienes encabezamos este gabinete de la gente vamos a ser siempre gente comprometida con los valores y con los principios que yo misma he dicho que son banderas de esta administración.

Sin embargo, reiteró, en este momento no hay ni siquiera una notificación al secretario”, concluyó.

La actual directora del ISSSTE de León, Martha Karina Rodríguez Lizola, fue quien presentó la denuncia contra su antecesor, Gabriel Cortés, ante la FGR.  Lo acusa de compras irregulares por el orden de los 50 millones de pesos. Su abogado es Roberto Saucedo Pimentel, quien mantiene un constante enfrentamiento mediático con el fiscal estatal, Gerardo Vázquez Alatriste.