GUANAJUATO, GTO.- El Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso Local busca sancionar al fiscal General del Estado de Guanajuato, Gerardo Vázquez Alatriste, por organizar una fiesta patria en la explanada de la Fiscalía, el pasado 13 de septiembre.

Pretenden hacerlo mediante un exhorto al Órgano Interno de Control de la Fiscalía General del Estado, para que, en el ámbito de sus atribuciones y de manera inmediata inicie las investigaciones correspondientes por la celebración de carácter particular en la explanada de dicha institución pública en su edificio central; así como por el evento denominado “Plenilunio: arte y cultura en la Fiscalía General”.

Lo anterior, a fin de determinar si constituyen faltas administrativas por parte del fiscal general, Gerardo Vázquez Alatriste, y de los demás servidores públicos que pudieran haber participado en dichos eventos; y, en caso de acreditarse responsabilidades, imponga las sanciones que sean de su competencia; y, en caso de faltas graves, integre y presente el expediente ante el Tribunal de Justicia Administrativa de conformidad a la legislación aplicable.

Asimismo, se solicita al Órgano Interno de Control que, dentro de un plazo de sesenta días naturales, remita a este Congreso del Estado un informe sobre el estado procesal y los avances obtenidos en las investigaciones iniciadas.

En las consideraciones de la propuesta se señala que el pasado 13 de septiembre, dentro de las instalaciones de la citada institución estatal, su titular encabezó una celebración documentada enfocada en los festejos patrios, ello en compañía de servidores públicos.

A la par, se desarrolló un evento de carácter cultural en donde varios funcionarios fungieron como cantantes. Se mencionó que las conductas descritas constituyen una clara violación normativa de los servidores públicos bajo la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato.

Se enfatiza que esas acciones son graves debido al uso indebido de recursos públicos al destinar un inmueble oficial para un festejo personal, posible desvío de recursos y abuso de funciones, compromiso de la seguridad institucional y afectación de la imagen y credibilidad de la Fiscalía General.

El punto de acuerdo se turnó para su estudio y análisis a la Comisión de Justicia.