SILAO, GTO. – El Gobierno Municipal de Silao, encabezado por la alcaldesa panista, Melanie Murillo, atraviesa una profunda crisis de gobernabilidad que mantiene al municipio sin un presupuesto aprobado para el ejercicio 2026.
Esta situación ha escalado hasta el Congreso del Estado, donde se busca una reforma legal para destrabar la administración.
La parálisis administrativa se debe a un bloqueo en el Cabildo, donde un bloque opositor de seis regidores ha votado sistemáticamente en contra de las propuestas financieras de la alcaldesa.
El grupo opositor está integrado por representantes de Morena, Movimiento Ciudadano (liderado por Francisco Javier Chagoya) y el PVEM.
Un factor determinante en esta crisis es la disidencia interna en el PAN: el regidor Alejandro Peña Gallo se ha sumado al bloque opositor, dejando a la administración municipal sin la mayoría necesaria para aprobar el gasto público.
Melanie Murillo acusa a los regidores de “chantaje político” y de priorizar intereses personales (como aumentos en vales de gasolina y viáticos) sobre el bienestar ciudadano.
Ante el bloqueo, la alcaldesa presentó una iniciativa en el Congreso local para modificar la Ley Orgánica Municipal, buscando que decisiones críticas puedan tomarse por mayoría simple y no calificada.
Los regidores disidentes argumentan falta de apertura al diálogo, autoritarismo por parte de la alcaldesa y una distribución desigual de los recursos para obra pública. Califican la propuesta de reforma legal como un intento de eliminar los contrapesos democráticos.
El Congreso del Estado mantiene una postura de mediación, aunque la mayoría panista analiza seriamente la reforma propuesta por Murillo para evitar que la parálisis en Silao siente un precedente de ingobernabilidad en otros municipios del estado.
La incertidumbre política coincide con un entorno de inseguridad en la región. Recientemente, empresas de alto impacto como General Motors Silao han tenido que suspender turnos debido a hechos violentos y bloqueos en las carreteras de Guanajuato, lo que aumenta la presión sobre el gobierno municipal para recuperar la estabilidad.
