CIUDAD DE MÉXICO.— En un encomiable esfuerzo por protegernos de nosotros mismos y de nuestra preocupante incapacidad para distinguir la “realidad alternativa” de la doctrina oficial, el gobierno de Claudia Sheinbaum se ha dado a la tarea de decidir qué es “información veraz y contextualizada” y qué es simple ficción.

El anuncio llega en un momento sumamente oportuno, justo cuando la prensa nacional e internacional insiste en publicar reportajes, investigaciones periodísticas y filtraciones que sugieren una supuesta infiltración del crimen organizado en las estructuras del gobierno federal.

Para fortuna del pueblo sabio, cualquier señalamiento incómodo que ose cruzar las fronteras o las redacciones locales podrá ser debidamente “neutralizado” bajo esta nueva óptica regulatoria.

Toda esa molesta información sobre complicidades institucionales o pactos con el narcotráfico, recurrentemente tachada por la Cuarta Transformación como “falsa, injuriosa y sin sustento”, ahora contará con un marco legal que vigilará su correcta “contextualización” en radio y televisión.

Los concesionarios de medios tendrán la grandiosa oportunidad de interrumpir sus transmisiones para colocar cortinillas y plecas obligatorias, avisándole visualmente al ciudadano cuándo un periodista está opinando de más o cuándo se está desviando del libreto de la verdad institucional.

Si un medio de comunicación olvida alinearse al código de ética gubernamental, un Defensor de las Audiencias y, en última instancia, la CRT, aplicarán generosas multas y sanciones estipuladas.

Todo sea por el derecho constitucional a recibir datos perfectamente purificados.

La presidenta Sheinbaum ha salido a calmar las aguas con su característica tranquilidad, asegurando que esto no es censura sino “autorregulación guiada”.

Para evitar el molesto fantasma de la llamada “Ley Censura” (aquella que pretendía bloquear páginas de internet y redes sociales por “detalles regulatorios”), el gobierno ha decidido, de manera sumamente generosa, aplicar estas estrictas reglas únicamente a la radio y la televisión.

Las redes sociales e internet quedan libres por ahora; después de todo, las mañaneras y los canales oficiales ya hacen un trabajo impecable conteniendo las “mentiras” del internet en su sección de “Quién es quién en las mentiras”.

La consulta pública para perfeccionar este mecanismo de control de calidad informativo estará abierta hasta el 21 de agosto de 2026.

Los ciudadanos y los medios están cordialmente invitados a opinar, siempre y cuando sus propuestas sean, por supuesto, veraces, contextualizadas y muy bien alineadas al proceso de transformación.