LEÓN, GTO.- La Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PRODHEG), encabezada por Karla Gabriela Alcaraz Olvera, presentó este jueves el “Informe Temático de Supervisión a Centros Penitenciarios 2025”, un diagnóstico que revela deficiencias estructurales, de salud y seguridad dentro del sistema carcelario de la entidad.

El documento, derivado de una exhaustiva jornada de revisiones realizada durante el año 2025, traza una radiografía sobre la realidad que enfrentan las personas privadas de su libertad en la entidad.

El ejercicio de supervisión abarcó un total de 12 complejos de reclusión en el estado, desglosados de la siguiente manera: nueve Centros Estatales de Prevención y Reinserción Social; dos  Centros Estatales de Prevención Social; y un Centro Especializado de Internamiento para Adolescentes.

La metodología incluyó el levantamiento directo de 1,496 cuestionarios aplicados a los internos.

Las visitas se concentraron en centros ubicados estratégicamente en los municipios de León, Pénjamo, San Miguel de Allende, San Felipe, Guanajuato, Acámbaro, Celaya, Irapuato, Valle de Santiago y Salamanca.

lUno de los hallazgos más alarmantes del informe radica en las severas carencias operativas, de cobertura y frecuencia en materia de salud mental.

La PRODHEG evidenció una disparidad crítica en el personal asignado para estas tareas. Se constató la existencia de una sola persona especialista en psiquiatría para atender la demanda de la totalidad de los centros penitenciarios del estado.

En el centro de Acámbaro, un solo profesional de la psicología tiene a su cargo la atención de una población total de 211 personas.

El informe subraya que, si bien estas problemáticas no se replican con la misma intensidad en todos los complejos, se identificaron áreas de oportunidad urgentes que vulneran la dignidad humana.

Entre los principales focos rojos destacan casos relacionados con la prevención y atención de tortura o maltrato, así como denuncias de acoso sexual.

También problemas generalizados de sobrepoblación (hacinamiento), deficientes condiciones materiales y falta de higiene en las instalaciones.V

Detalla irregularidades en la comunicación telefónica con organismos públicos de derechos humanos y obstáculos específicos para las visitas familiares e íntimas, afectando de manera particular a las mujeres privadas de la libertad.

advierte de una necesidad apremiante de fortalecer protocolos especializados, acceso a trabajo remunerado y actividades educativas o deportivas para comunidades indígenas, personas de la diversidad sexual, adultos mayores, personas con discapacidad y personas que viven con VIH.

En contraste, el Centro Especializado de Internamiento para Adolescentes reportó condiciones generales favorables.

No obstante, el organismo señaló la necesidad de robustecer un enfoque diferenciado, principalmente en la infraestructura y servicios destinados a las mujeres adolescentes.

La Procuradora de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, Karla Alcaraz, enfatizó que en un Estado democrático de derecho la privación de la libertad es la sanción impuesta por la ley, pero no debe significar bajo ninguna circunstancia la pérdida de la condición humana ni de los derechos fundamentales.

“La reinserción social no solo representa un beneficio individual, sino también una inversión para la construcción de comunidades más seguras, incluyentes y respetuosas de los derechos humanos”, declaró Alcaraz.

Con este informe, la PRODHEG refrenda su compromiso de impulsar el fortalecimiento institucional y exigir que el sistema penitenciario provea las condiciones indispensables de salud, educación, capacitación y trabajo para que los internos puedan desarrollar un proyecto de vida digno y reincorporarse con éxito a la sociedad.