WASHINGTON, EU.- El gobierno de Estados Unidos elevó de forma contundente la presión sobre el gobierno mexicano al presentar ante el Congreso estadounidense su más reciente reporte sobre el combate al narcotráfico global y la Estrategia Nacional de Control de Drogas, en el que demanda investigar, detener y enjuiciar a los funcionarios públicos coludidos con el crimen organizado.

La postura estadounidense endureció severamente su discurso al señalar de forma explícita que la narcopolítica debilita la soberanía del país, acusando a servidores corruptos de facilitar y proteger activamente las operaciones de los cárteles de la droga.

A pesar de que el informe reconoce los esfuerzos recientes implementados bajo la gestión de la presidenta Claudia Sheinbaum —destacando acciones como el despliegue de fuerzas de seguridad en las regiones fronterizas, el desmantelamiento de laboratorios clandestinos de fentanilo y la captura de líderes criminales de alto perfil—, subraya de manera tajante que estas medidas siguen siendo insuficientes.

El reporte condiciona la agenda bilateral al advertir que México debe adoptar acciones adicionales inmediatas para desarticular a lo que califica como organizaciones narcoterroristas, demandando además un incremento significativo en las inspecciones aduaneras en puertos y puntos de entrada clave, un fortalecimiento estricto en la seguridad de las cadenas de suministro globales y una inversión presupuestaria sustancialmente mayor en materia de seguridad interna.

Esta nueva fricción diplomática se asienta sobre un fondo de tensiones previas acumuladas a lo largo de este año, avivadas por las acusaciones judiciales de la fiscalía estadounidense contra figuras relevantes del entorno político mexicano, tales como los procesos penales que involucran al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

Ante la publicación de este severo diagnóstico, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, rechazó categóricamente la postura de Washington afirmando de manera pública que la nación no requiere de juicios externos para guiar sus políticas de seguridad.

Como contraestrategia, la mandataria mexicana exigió reciprocidad al gobierno estadounidense, instándolo a publicar reportes transparentes sobre sus propias deficiencias internas en el combate al consumo masivo de drogas, la desarticulación de las redes financieras dedicadas al lavado de dinero en territorio norteamericano y el freno definitivo al tráfico ilegal de armas de fuego de alto poder que cruza la frontera hacia el sur para abastecer al crimen organizado.