GUANAJUATO, GTO.-  El Pleno del Congreso del Estado de Guanajuato protagonizó este jueves una de sus sesiones más confrontadas tras vencerse formalmente el plazo de 90 días naturales otorgado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para modificar las leyes locales y despenalizar el aborto.

Al concluir la fecha límite fijada para el pasado 30 de septiembre sin que la legislatura aprobara las reformas al Código Penal, las bancadas de oposición acusaron formalmente al grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) de incurrir en un desacato judicial y una omisión deliberada.

Durante el debate, los representantes de partidos como Morena y Movimiento Ciudadano señalaron que el retraso en dictaminar las iniciativas respondió a una estrategia política para eludir la responsabilidad legislativa bajo la presión de cúpulas conservadoras.

Por su parte, los legisladores del PAN rechazaron tajantemente las acusaciones de ilegalidad, argumentando en tribuna que las resoluciones federales no vulneran la soberanía ni la libertad de configuración del Congreso local, al tiempo que reafirmaron su postura institucional en defensa de la vida desde la concepción.

La tensión parlamentaria se replicó en las galerías y accesos del recinto legislativo, donde colectivos feministas y defensores de los derechos humanos se manifestaron para repudiar la parálisis legislativa.

Las activistas advirtieron que la resistencia política no frenará el acceso al aborto legal y seguro, pues las instituciones de salud pública estatales están obligadas a acatar las directrices sanitarias federales.

Con el periodo vencido y sin consensos internos, la discusión en Guanajuato concluyó con el traslado inminente del proceso de vuelta a la SCJN, la cual procederá de oficio a iniciar los trámites para emitir una Declaratoria General de Inconstitucionalidad que anulará de forma directa la criminalización del aborto en la entidad.