GUANAJUATO, GTO.-  Con el objetivo de fortalecer la seguridad pública y evitar que la delincuencia utilice uniformes, insignias, vehículos y otros aditamentos para suplantar a las instituciones de seguridad, el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) presentó ante el Congreso de Guanajuato una iniciativa de reforma al Código Penal del Estado.

Al dar lectura a la exposición de motivos del documento, el diputado Alejandro Arias Ávila mencionó que se pretende incorporar un nuevo tipo penal denominado “Fabricación, comercialización y uso indebido de insignias, uniformes y vehículos”, a fin de sancionar con tres a doce años de prisión y de cien a quinientos días multa a quien, sin autorización, elabore, fabrique, confeccione, produzca, imprima, almacene, distribuya o comercialice placas, gafetes, distintivos, escudos, insignias, uniformes o cualquier otro aditamento que se asemeje a los utilizados por las instituciones de seguridad pública.

El congresista manifestó que se propone sancionar a quienes utilicen este tipo de elementos sin tener derecho a ello, cuando sea con el propósito de cometer un acto ilícito, así como a quienes utilicen vehículos oficiales o unidades particulares con cromática, balizaje, colores o equipamiento semejante al de las instituciones de seguridad pública para cometer algún delito.

Arias Ávila señaló que la delincuencia ha recurrido a la utilización de uniformes, insignias y vehículos clonados para instalar retenes falsos, cometer asaltos, extorsiones, secuestros y otros delitos, aprovechándose de la confianza que la ciudadanía deposita en las instituciones de seguridad.

Refirió que, aunque este tipo de conductas no representa actualmente un problema de gravedad alarmante en Guanajuato, la entidad no está exenta de que puedan incrementarse, particularmente ante la facilidad con la que estos artículos pueden adquirirse o comercializarse mediante redes sociales y otros medios.

El legislador destacó que el uso indebido de esos elementos puede generar una falsa impresión de autoridad y facilitar la comisión de delitos, además de afectar la confianza ciudadana en las instituciones encargadas de la seguridad pública.

Remarcó que el bien jurídico tutelado sería la seguridad pública, al considerar que las conductas propuestas afectan las condiciones de seguridad que corresponde garantizar al Estado.

Arias Ávila añadió que la propuesta también contempla un agravante cuando el responsable sea servidor público y cometa el delito en ejercicio de sus funciones, supuesto en el que la pena se incrementaría en una tercera parte tanto del mínimo como del máximo.

Finalmente, refirió que se pretende armonizar la legislación estatal con el marco federal y cubrir un vacío legal en la legislación penal de Guanajuato.

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Justicia para su estudio y dictamen.