LEÓN, GUANAJUATO.—  La alcaldesa expanista de León, Alejandra Gutiérrez Campos, denunció públicamente al Gobierno del Estado de Guanajuato, encabezado por la gobernadora panista Libia Dennise García, acusándolo de orquestar una persecución política y una estrategia de violencia sistemática en contra de su persona y de su administración pública.

La presidenta, quien este año oficializó su salida de las filas del Partido Acción Nacional (PAN) para incorporarse formalmente a las filas de Movimiento Ciudadano, aseguró que desde el poder ejecutivo estatal se está haciendo un uso faccioso e institucional de los organismos públicos con la única intención de atacar de forma personal, amedrentar y desestabilizar la gestión de la capital económica del estado, lo cual representa un grave atentado contra la autonomía municipal y la pluralidad democrática.

Como sustento a sus declaraciones, Gutiérrez Campos expuso una serie de acciones que calificó de acoso institucional directo, señalando en primer lugar que la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato (ASEG) se extralimitó gravemente en sus facultades legales al exigirle, bajo un formato de requerimiento inusual, los planos arquitectónicos detallados del interior de su residencia particular, incluyendo especificaciones de las instalaciones eléctricas, un acto que consideró una flagrante violación a su derecho a la privacidad y seguridad patrimonial.

Asimismo, la edil expuso el bloqueo sistemático a las actividades de su administración mediante trabas y restricciones normativas severas impuestas por la Secretaría de Educación de Guanajuato (SEG) para impedir la realización de los tradicionales honores a la bandera en los planteles escolares públicos de la localidad, limitando el contacto directo con la comunidad estudiantil.

A estas presiones sumó la afectación directa a la ciudadanía mediante la cancelación de recursos económicos y el freno a proyectos clave de infraestructura vial para el municipio, destacando de manera particular la falta de voluntad política del Estado para dar luz verde a las obras proyectadas en el puente del bulevar Aeropuerto, un nodo de conectividad crucial para León.

Ante las severas acusaciones, la gobernadora Libia Dennise García rechazó categóricamente los señalamientos de persecución política o de violencia institucional en contra de la alcaldesa, afirmando que el Gobierno del Estado se conduce bajo un estricto sentido de legalidad y mantiene una política de coordinación institucional abierta y transparente con los 46 municipios de la entidad sin importar el signo o color partidista que los gobierne.

La mandataria estatal reviró argumentando que los señalamientos de la presidenta municipal carecen de fundamento y sugirió que la narrativa de ataque político es un intento de desviar la atención pública de los incumplimientos de carácter técnico y los problemas de validación de proyectos que el propio municipio de León no ha logrado solventar ante las dependencias normativas, reiterando que la entrega de recursos públicos para infraestructura está condicionada estrictamente a la viabilidad de las reglas de operación técnica y no a consideraciones de carácter electoral.