GUADALAJARA, JAL.- La Zona Metropolitana de Guadalajara enfrenta una crisis de agua potable caracterizada por una severa contaminación del suministro, situación que ha detonado un intenso descontento social y ha obligado a los gobiernos estatal y federal a implementar un plan de emergencia.

Los habitantes de la metrópoli reportan que el líquido llega a sus hogares teñido de color amarillo, café o negro, acompañado de sedimentos y un fuerte olor a drenaje, lo que ha provocado problemas de salud pública como sarpullido e irritación cutánea, además de un impacto económico en las familias debido a la compra obligada de agua embotellada.

La tensión social escaló tras la denominada “Megamarcha por el Agua”, una movilización masiva hacia Casa Jalisco que culminó en enfrentamientos con la policía estatal, con un saldo de 28 agentes lesionados, 39 personas detenidas e investigaciones en curso por presunto abuso de autoridad.

Ante este panorama, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, reconoció formalmente la existencia de una crisis histórica derivada del rezago en la infraestructura y la contaminación de las fuentes de origen. Como medida inmediata, el gobierno estatal suspendió de manera temporal el uso de agua de la presa Las Pintas y del antiguo sistema de Chapala al detectarse descargas irregulares de drenaje.

Esta reducción en los volúmenes de distribución obligó a las autoridades a anunciar un sistema de tandeos y racionamiento programado que se extenderá por los próximos seis meses. Para mitigar el desabasto a corto plazo, el mandatario estatal prometió el despliegue de pipas gratuitas, la instalación de plantas potabilizadoras móviles en espacios públicos y la entrega de vales para garrafones de agua, garantizando que el servicio no será privatizado ni se aumentarán las tarifas vigentes.

Como solución de fondo, el gobierno de Jalisco presentó una iniciativa para inyectar 20,000 millones de pesos destinados al rescate del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA). El eje central de esta estrategia es la construcción de un nuevo acueducto sustituto en la ruta Chapala-Guadalajara, una obra de gran envergadura cuya ejecución demorará aproximadamente dos años.

Por su parte, la administración federal encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum intervino a través de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) para coordinar las soluciones técnicas y financieras.

La mandataria informó que la federación y el estado de Jalisco se encuentran en la etapa final de un convenio de co-inversión para distribuir las responsabilidades de los proyectos, confirmando además que la propuesta del nuevo acueducto ya cuenta con el aval técnico de la CONAGUA.

Paralelamente, en un esfuerzo por frenar la contaminación que originó la emergencia, fuerzas federales y personal técnico mantienen operativos de verificación en el Río Santiago y en los canales de Atequiza y Las Pintas.

Hasta el momento, estas inspecciones han permitido identificar cerca de 100 descargas irregulares, logrando corregir o clausurar al menos la mitad de ellas para evitar que sigan afectando los cuerpos de agua que abastecen a la ciudad.