GUANAJUATO, GTO.- El Pleno del Congreso de Guanajuato aprobó su presupuesto de egresos para el próximo año, que será de 698 millones 775 mil pesos y 76 centavos, lo que significa un incremento general del 5%.

De esa cantidad, 489 millones 110 mil 536 pesos corresponden al ejercicio presupuestal del Congreso del Estado, mientras que 209 millones 664 mil 540 pesos serán para el desarrollo de las funciones de la Auditoría Superior del Estado.

El proyecto aprobado será enviado al Poder Ejecutivo estatal, por conducto de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración, para que se incorpore a la iniciativa de Ley del Presupuesto General de Egresos del Estado de Guanajuato para el ejercicio fiscal de 2023.

El proyecto de Presupuesto de Egresos del Poder Legislativo fue aprobado por mayoría, con 23 votos a favor y 8 en contra.

Como parte del orden del día se aprobaron los dictámenes de diversas iniciativas y puntos de acuerdo en los cuales se ordena su archivo definitivo.

Se trata de los puntos de acuerdo que buscaban exhortar a distintas autoridades para que se protegiera el derecho a la salud de los menores con relación a la vacunación contra la Covid 19; se usaran estrictamente los recursos materiales etiquetados para atención de las personas con discapacidad, crear el Registro Estatal sobre Orfandad a Causa del COVID-19; se investigara el faltante de 28 mil cartuchos o municiones pertenecientes a la Policía Municipal de Silao; se evaluara el desempeño del titular de Seguridad Pública de León; se diera un informe detallado de GTO Leasing Services y regular el surgimiento de espacios educativos que operan de manera fraudulenta.

La diputada Martha Edith Moreno Valencia habló en contra del archivo de la propuesta relacionada a GTO Leasing Services y precisó que la rendición de cuentas tiene un papel fundamental y no se puede ser omiso en su ejercicio.

Señaló que el fondo de ahorro de las y los trabajadores del estado se ha convertido en objeto de experimentos financieros y el cual, dijo, se ha manejado con discrecionalidad; y que no se tiene información certera sobre los más de 250 millones de pesos que invirtió el ISSEG en una arrendadora financiera.

De igual manera, iniciativas de reforma a la Ley de Desarrollo Social y Humano para el Estado y los Municipios de Guanajuato, en materia de medición y evaluación del impacto de la política pública sobre la pobreza en la entidad; a la Constitución Política local, a fin de consolidar la sobre y subrepresentación en la integración de los ayuntamientos, que en la integración del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción sea con la totalidad de ciudadanos que conforma el Comité de Participación Ciudadana del SEA y establecer tres periodos ordinarios por ejercicio constitucional  y eliminar los recesos en el Trabajo del Poder Legislativo; a la Ley de Educación para dar certeza a la población de que la institución a la que se inscriban cuente con la validez oficial de estudios y otorgar becas universales.

De igual manera a la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios que proponía  la  creación  del  testigo  social; al Código Territorial a fin de establecer mayores requisitos para el cambio de uso de suelo de un área geográfica específica; al Código Civil para garantizar los alimentos a mayores de edad que cursen un grado de estudio acorde a su edad; a la Ley para la Gestión Integral de Residuos del Estado y los Municipios de Guanajuato para que las colillas de cigarro se depositen en contendores especiales, reducir   los   desechos   plásticos   en los   establecimientos   de   servicios   de hospedaje y la obligatoriedad  de  que,  en  sus  procesos  de  adquisiciones,  contratación, arrendamiento  de  bienes  y  prestación  de  servicios,  se  utilicen  y  consuman productos compuestos total o parcialmente de materiales valorizables; y para crear la Ley de Responsabilidad Ambiental del Estado de Guanajuato.

El diputado Cuauhtémoc Becerra González se pronunció en contra del archivo de la iniciativa en materia de medición y evaluación del impacto de la política pública sobre la pobreza, que dijo proponía la creación de un organismo que midiera la pobreza de la entidad y evaluar la política estatal de desarrollo social y humano.

Mencionó que no es un mecanismo nuevo, que ya existe en otros estados y proporciona información que les permite avanzar en la materia, además de que les permitiría tener datos actualizados.

Por su parte, la congresista Alma Edwviges Alcaraz Hernández habló en contra del archivo de la propuesta que planteaba la creación del testigo social y expresó que se pretendía ir en contra de la discrecionalidad con la que se disponen los recursos en los procesos de contratación de obra pública, además de fomentar los mecanismos de participación ciudadana que sirven para cuidar el uso de los recursos públicos, por ser parte un testigo social que tenga un gran dominio en temas de obra pública, para que puedan detectar irregularidades en los procesos.

Turnos

A la Comisión de Hacienda y Fiscalización se turnaron los informes de resultados formulados por la Auditoría Superior del Estado relativos a la revisión practicada a la cuenta pública del Tribunal Estatal Electoral estatal, así como a la auditoría practicada a la infraestructura pública municipal, respecto a las operaciones realizadas por la administración municipal de Salamanca, correspondientes al ejercicio 2021.

Asuntos generales

El diputado César Larrondo Díaz hizo uso de la tribuna para hablar sobre la calidad del aire y la pre contingencia ambiental registrada en la ciudad de Salamanca, así como de las implicaciones que tiene ésta en la población.