GUANAJUATO, GTO.- Por votación unánime, el pleno del Congreso del Estado aprobó reformas constitucionales con las que se establece que el Estado y los municipios garantizarán la protección y el  ejercicio del periodismo, además de otorgar  la calidad de personas defensoras de derechos humanos a toda buscadora y buscador de desaparecidos.

Para hablar a favor de la propuesta hicieron uso de la tribuna las diputadas María Isabel Ortiz Mantilla y María Eugenia García Oliveros, así como el diputado David Martínez Mendizábal.

Ortiz Mantilla manifestó que con esta reforma se reafirma un principio esencial del Estado, que toda voz que informa merece protección, que toda búsqueda de la verdad requiere un respaldo y que toda persona merece ser encontrada.

La legisladora resaltó el trabajo periodístico porque, dijo, en esencia es la libertad de expresión la defensa de esa libertad, y es el derecho que toda la sociedad tiene de conocer la verdad, por lo que proteger al periodismo significa garantizar una información libre, apostarle a que haya voces críticas y que éstas no sean silenciadas, así como poner el poder público al escrutinio ciudadano.

Remarcó que el periodismo no es solo una profesión, sino una función social indispensable para fortalecer a un Estado, porque permite que la ciudadanía ejerza derechos fundamentales como el derecho a decidir con conocimiento y a exigir responsabilidades.

“Tenemos que garantizar que existan protocolos, recursos e instituciones que aseguren la prevención, la protección y la reparación integral ante cualquier agresión; el ejercicio periodístico requiere libertad, requiere seguridad, requiere independencia y, para ello, es fundamental el respaldo institucional”, enfatizó la congresista.

Afirmó que el dictamen también construye un estado más humano, busca reconocer el derecho a que toda persona pueda ser buscada; que las acciones que realice el Estado sean para garantizar la búsqueda, la localización y la identificación, porque la vida y la dignidad humana están por encima de todo.

En su intervención, la legisladora María Eugenia García Oliveros indicó que el dictamen abarca dos temas delicados que deben ser atendidos desde la perspectiva de progresividad de los Derechos Humanos; por un lado por tratarse del ejercicio periodístico que puede ejercerse libremente cuando no existen amenazas o agresiones físicas, psíquicas o cualquier acto de hostigamiento; mientras que también se tiene la intención de elevar al rango de personas defensoras de derechos humanos a aquellas que realizan búsqueda de personas.

Agregó que la labor desde el ámbito legislativo es seguir generando normas que construyan acciones en favor de las personas defensoras de derechos humanos con políticas integrales con diversos elementos para su protección y así reforzar el principio de la verdad, la justicia y la reparación.

Concluyó diciendo que proteger a las personas periodistas y a las personas buscadoras respeta el derecho a tener una sociedad informada, que cuestione y que construya una democracia transparente, por lo que los cambios planteados buscan brindar la máxima protección a los grupos sociales mencionados.

En la última participación, el diputado David Martínez Mendizábal indicó que la reforma en cuestión partía del dolor de las madres buscadoras y se trabajó en la incorporación del derecho de las personas desaparecidas a ser buscadas.

Agregó que la desaparición de personas es una de las violaciones más graves a los derechos humanos por tres razones: por su carácter pluriofensivo, al lesionar distintos derechos; por el carácter permanente de la violación que se prolonga hasta encontrar el paradero de las personas y por la afectación que genera en los familiares de las personas desaparecidas.

Finalmente, después de agradecer el trabajo realizado, subrayó la importancia de escuchar a las víctimas, a las madres buscadoras.