GUANAJUATO, GTO.- La Fiscalía General de la República (FGR) aseguró el fraccionamiento “La Cucursola”, ubicado en la Sierra de Santa Rosa, en Guanajuato capital, por presuntos delitos ambientales.

Lo anterior fue dado a conocer por las asociaciones “Acción Colectiva” y “Movimiento Colibríes Guanajuato”, las cuales, mediante la difusión de un comunicado, señalaron que el operativo se realizó en el marco de la investigación iniciada por la FGR a partir de una denuncia penal presentada por la organización Acción Colectiva Socioambiental, A.C. el 9 de febrero del 2023.

La denuncia es por la probable comisión de delitos contra el ambiente y la gestión ambiental, previstos en el Código Penal Federal en contra de la empresa LOMA DE IRAPUATO, S.A. de C.V. y de su administrador único, el exdiputado federal del PAN, Sergio Fernando Ascencio Barba.

En esa denuncia también se acusa al expresidente panista de Guanajuato capital, Alejandro Navarro y al también panista, Juan Carlos Delgado Zárate, quien era director de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial durante el gobierno de Navarro.

La denuncia penal está relacionada con la construcción del fraccionamiento “La Cucursola” en terrenos forestales sin contar con la Autorización de Impacto Ambiental expedida por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat)  ni el Estudio Técnico Justificativo para el cambio de uso de suelo en terrenos forestales, de acuerdo a lo que establece y exige el artículo 28 fracción VII de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y los artículos 14 fracción XI, 68 fracción I y 93 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, así como por la expedición indebida de autorizaciones municipales que permitieron el desarrollo del proyecto en contravención a la legislación ambiental aplicable.

Durante el operativo, la FGR  procedió al aseguramiento del inmueble en el que se construyó el fraccionamiento “La Cucursola”.

“Frente a la omisión, negligencia o falta de eficacia de autoridades como la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) y la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial del Estado de Guanajuato (PAOT), resulta indispensable que otras instancias del Estado mexicano actúen con firmeza para frenar el deterioro ambiental y el avance de proyectos ilegales”, detallaron las organizaciones civiles.

“Desde Acción Colectiva Socioambiental, A.C. y Movimiento Colibries de Guanajuato reconocemos el profesionalismo y la determinación con que la FGR en el Estado de Guanajuato ha conducido esta investigación, y valoramos que hoy se estén dando pasos concretos para sancionar la ilegalidad y proteger el patrimonio ambiental que pertenece a toda la sociedad. Nos mantendremos atentos y vigilantes para que esta investigación continúe con imparcialidad, rigor técnico y jurídico, hasta fincar las responsabilidades que correspondan conforme a derecho”, concluyeron.