
LEÓN, GTO.- La gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, ratificó la vigencia y continuidad del proyecto integral del Acueducto Solís-León.
La mandataria estatal disipó las incertidumbres en torno a la viabilidad de la obra hidráulica y confirmó que existe un respaldo absoluto por parte del Gobierno Federal para garantizar el abasto de agua en la región, una prioridad que la propia presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, ha validado al reconocer una deuda histórica en materia de infraestructura hídrica con el estado de Guanajuato.
La jefa del Ejecutivo estatal precisó que el desarrollo y el arranque formal de la obra civil del acueducto están directamente condicionados al éxito de la primera etapa del plan, la cual consiste en la tecnificación profunda del campo guanajuatense.
De acuerdo con la estrategia coordinada, es indispensable medir con exactitud los volúmenes de agua que logren ahorrarse a través de la modernización de los distritos de riego agrícolas antes de definir técnicamente la disponibilidad y los caudales que alimentarán el ducto hacia las zonas urbanas.
Debido a la complejidad de estos diagnósticos y la mediación con los productores de la región de Acámbaro, García Muñoz Ledo admitió que no existe un calendario definitivo para las excavaciones, estimando que las primeras obras de infraestructura pesada se consolidarán de manera tangible durante el año 2027.
En el renglón financiero, la gobernadora detalló la situación de la deuda pública autorizada para este propósito. Al respecto, admitió que la administración estatal podría concluir el actual ejercicio fiscal sin ejercer los 4 mil millones de pesos correspondientes al crédito avalado por el Congreso local, debido a que aún se definen las reglas de operación y los esquemas de aportación bipartita con la Federación.
La mandataria adelantó que si el plazo legal del actual endeudamiento expira el próximo 31 de diciembre sin haber sido utilizado, se gestionará una nueva solicitud de financiamiento ante el Poder Legislativo para el presupuesto de 2027, garantizando que los recursos económicos estén disponibles una vez que concluyan los dictámenes de la Comisión Nacional del Agua y los acuerdos de tecnificación agrícola.