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Cuñado de magistrado es vinculado a proceso por homicidio

LEÓN, GUANAJUATO. Un Juez de Control dictó auto de vinculación a proceso penal en contra de José Guadalupe “N”, plenamente identificado como cuñado del magistrado federal Julio Antonio Gómez Rodríguez, por su probable responsabilidad en el delito de homicidio simple, tras verse involucrado en el altercado que cobró la vida del funcionario público el pasado sábado en la calle Madero.

Los hechos se registraron durante la madrugada en la terraza de la Cervecería 21, un establecimiento comercial ubicado sobre la concurrida calle Francisco I. Madero, en la zona Centro de esta ciudad.

De acuerdo con la carpeta de investigación y los datos de prueba presentados por los agentes del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, ambos familiares sostenían una reunión que derivó en una discusión verbal y posteriormente en una agresión física, momento en el que el hoy imputado presuntamente propinó un fuerte golpe en el rostro al magistrado.

El impacto provocó que la víctima perdiera el equilibrio y cayera de forma abrupta contra el suelo, lo que desencadenó un cuadro de malestar físico inmediato con presencia de vómito; a pesar de lograr salir del bar por su propio pie, el jurista se desvaneció en la vía pública a escasos metros del acceso principal, donde paramédicos de los cuerpos de rescate confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Ante el reporte de la riña, elementos de la Policía Municipal implementaron un despliegue operativo en el lugar y detuvieron en flagrancia a José Guadalupe “N”, quien admitió ante los oficiales haber participado en la agresión antes de ser puesto a disposición de las autoridades ministeriales.

Durante la audiencia inicial, el juzgador consideró suficientes y contundentes los argumentos de la fiscalía para declarar la legalidad de la detención y formalizar la imputación, determinando de igual manera imponer la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa dentro del Centro de Prevención y Reinserción Social local y fijar un plazo estricto de dos meses para el desarrollo de la investigación complementaria, periodo en el cual las partes aportarán sus respectivas pruebas antes de dar inicio a la etapa de juicio oral.

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