CIUDAD DE MÉXICO.- A partir del primer minuto de este viernes 6 de noviembre de 2026, trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) iniciaron un paro nacional de labores por tiempo indefinido que afecta a decenas de sedes en múltiples estados de la República Mexicana.

El conflicto escaló de manera inmediata tras la publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) de un acuerdo emitido por el Órgano de Administración Judicial (OAJ), el cual establece la obligatoriedad de exámenes de desempeño cada dos años para el personal de carrera, incluidos secretarios, actuarios y oficiales.

Aunque las autoridades judiciales aclararon que la primera evaluación programada para el próximo mes de diciembre tendrá un carácter estrictamente diagnóstico y preventivo, los lineamientos generales contemplan la baja definitiva como sanción para aquellos empleados que reprueben las evaluaciones extraordinarias correspondientes.

Ante este escenario, el personal del PJF se ha movilizado bajo la exigencia de que se apliquen criterios objetivos, se garantice una capacitación real y se respete la carrera judicial y la estabilidad laboral, argumentando que las nuevas disposiciones atentan directamente contra sus derechos adquiridos.

Hasta el momento, el movimiento de protesta abarca al menos 17 estados del país y mantiene suspendidas las actividades en alrededor de 40 sedes judiciales.

En la Ciudad de México se reportan bloqueos y plantones con cadenas en complejos clave como San Lázaro, Ajusco, Las Flores y Prisma, mientras que la parálisis laboral también se extiende de manera simultánea a los estados de Nuevo León, Morelos, Veracruz, Nayarit, Guanajuato, Michoacán, Chiapas, Puebla, Estado de México, Tabasco, Hidalgo, Guerrero, Oaxaca, Tamaulipas, Yucatán, Durango y Jalisco.

A pesar del cierre generalizado de las instalaciones y del cese de las actividades ordinarias, voceros y representantes del movimiento de trabajadores confirmaron que se mantendrán guardias especiales operando de manera permanente en cada uno de los órganos jurisdiccionales con el único propósito de recibir, procesar y atender los casos urgentes que no admitan demora.