CIUDAD DE MÉXICO.-  La relación institucional entre los gobiernos federal y de Chihuahua ha sufrido una fractura sin precedentes, luego de la filtración de una acalorada discusión privada entre la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y la gobernadora chihuahuense, María Eugenia “Maru” Campos Galván.

El conflicto, detonado por un operativo de seguridad nacional que involucra a la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos y acusaciones mutuas de traición a la patria y vínculos con el crimen organizado, marca el punto más álgido de confrontación política en lo que va del sexenio, con la mira puesta en la sucesión gubernamental del estado.

El origen estructural de la disputa se remonta a un accidente carretero en la Sierra Tarahumara donde fallecieron dos agentes de la CIA y dos elementos locales.

El incidente dejó al descubierto que la Fiscalía del Estado de Chihuahua realizaba operativos conjuntos con agencias de inteligencia extranjeras para desmantelar laboratorios de metanfetaminas, una facultad que la administración federal señala como competencia exclusiva de la Fiscalía General de la República (FGR).

Argumentando una flagrante violación a la soberanía nacional, el Gobierno federal procedió penalmente contra la cúpula judicial local, lo que derivó en la reciente detención y vinculación a proceso del exfiscal general de Chihuahua, César Jáuregui, bajo el grave cargo de traición a la patria, un hecho calificado por la gobernadora Campos como un “circo político” propio de un “gobierno fascista”.

La tensión latente estalló durante una reunión a puerta cerrada sostenida por ambas mandatarias en el aeropuerto de Ciudad Juárez. Aunque originalmente se pactó mantener el encuentro bajo estricta confidencialidad, la gobernadora Maru Campos rompió el acuerdo en una entrevista con el periodista Carlos Loret de Mola, argumentando que los ataques sistémicos de Morena en su contra se volvieron insostenibles.

Ambas partes confirmaron posteriormente que la reunión derivó en un ríspido intercambio de reclamos donde se levantaron la voz; la presidenta Sheinbaum increpó a la panista por permitir la operación ilegal de agentes extranjeros en territorio nacional, por haberla llamado públicamente “la presidenta de la muerte” —término por el cual Campos se disculpó en la mesa— y reveló que la propia gobernadora acusó a su exfiscal de corrupción durante la sesión.

Por su parte, Campos Galván reclamó que desde el podio de la conferencia matutina de “la mañanera” se le hubiera estigmatizado implícitamente como traidora a la patria en numerosas ocasiones.

El conflicto escaló a terrenos electorales cuando la gobernadora de Chihuahua acusó directamente a figuras clave de Morena de tener presuntos nexos con el narcotráfico.

Campos señaló a Ariadna Montiel, alta dirigente del partido guinda, de tener vínculos operativos con el crimen organizado en la región norte del país, lo que provocó que la presidenta Sheinbaum le exigiera públicamente presentar pruebas judiciales concretas y no limitarse a declaraciones mediáticas. Asimismo, la mandataria estatal tildó de “narcocandidato” a Cruz Pérez Cuéllar, actual alcalde de Ciudad Juárez y fuerte aspirante de Morena a la gubernatura de Chihuahua, sentenciando que su administración no permitirá que la delincuencia organizada tome el control político de la entidad.

Mientras la gobernadora Maru Campos sostiene que el escándalo judicial del “Caso CIA” es utilizado por la federación como un “mazo político” para debilitar a la oposición de cara a los comicios estatales, la presidenta Claudia Sheinbaum rechaza categóricamente la existencia de una persecución política o de un pacto tras la captura del exfiscal, defendiendo la autonomía del Poder Judicial de la Federación.

A pesar de los duros señalamientos y la desconfianza mutua, ambas mandatarias manifestaron que intentarán mantener canales institucionales estrictamente técnicos para coordinar las labores de seguridad pública indispensables en la entidad.