LEÓN, GTO.- La senadora de morena Martha Lucía Mícher, y activistas, exigieron al Congreso de Guanajuato aprobar este jueves 29 de mayo la despenalización del aborto.

Acompañada de representantes de las organizaciones civiles Católicas por el Derecho a Decidir (CDD), Ddeser y GIRE, Martha Lucía Micher sostuvo que la bancada del PAN en el Congreso de Guanajuato ha intentado de manera reiterada archivar la propuesta.

La Senadora y los activistas enfatizaron en que la decisión legislativa sobre el aborto se debe hacer desde el Estado laico, los derechos humanos y la ciencia, no desde los prejuicios, el miedo y la desinformación. Apuntaron que el aborto debe entenderse como un asunto de salud pública y no como un dilema moral.

La legisladora morenista xhortó a la gobernadora Libia Dennise a respaldar esta propuesta legislativa en favor de los derechos de las mujeres. Llamó a la gobernadora a ser congruente con su compromiso con las mujeres y los derechos humanos.

La Senadora de la República apuntó que, al no reconocer desde el legislativo local el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, el Congreso está incurriendo en un agravio comparado, es decir, cuando una persona o grupo es tratado de manera diferente a otros en circunstancias similares, lo que genera desigualdad e injusticia.

En el caso de las mujeres guanajuatenses, la legisladora federal señaló que en la entidad está existiendo un agravio comparado, dado que por radicar en Guanajuato están siendo excluidas del acceso a servicios de Interrupción Legal del Embarazo.

Maribel Luna, Enlace de Incidencia Política de Católicas por el Derecho a Decidir (CDD), señaló que de acuerdo con la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, de abril de 2007 a Junio de 2024, al menos 560 mujeres de Guanajuato viajaron a la Ciudad de México para acceder a un aborto legal, seguro y gratuito.

Por esta razón, señaló la activista, la despenalización del aborto es un paso necesario para erradicar la criminalización del derecho a decidir, pero también erradicar la discriminación que viven las mujeres por el sólo hecho de ser guanajuatenses.

Luna criticó el uso político de la religión en la discusión del aborto y expresó que: “El aborto en la iglesia sigue respondiendo a un abanico de miradas, incluso algunas más progresistas como la Declaración sobre el Aborto (1974) en la que la Jerarquía Católica reconoce que ni la ciencia ni la teología pueden decir en qué momento del desarrollo embrionario se puede hablar de una persona”.

Patricia López, Coordinadora Nacional de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México (Ddeser), señaló que, al no despenalizar el aborto, en Guanajuato se perpetúan las desigualdades, la violencia institucional y un Estado que
niega la autonomía de las personas.

López señaló que el Congreso de Guanajuato se mantiene ajeno al reconocimiento de este derecho y a las resoluciones de la Suprema Corte en la materia.

Apuntó que las y los legisladores conservadores se oponen a este derecho con argumentos sin sustentos y anteponen sus convicciones personales sobre la salud y dignidad de las personas.

“Exigimos al Congreso que se legisle con base a derechos humanos, evidencia científica y en el marco de la justicia social. El aborto no es una concesión sino un derecho que salva vidas. Guanajuato no puede seguir siendo cómplice y mantenerse al margen de los derechos sexuales y reproductivos”, expresó López.

Por su parte, Francisco Cué, responsable de Vinculación Legislativa de Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), enfatizó que los Congresos locales están obligados a reformar sus leyes penales para eliminar los delitos relacionados con el aborto.

El activista señaló que la Suprema Corte de Justicia ha indicado la necesidad de abandonar el uso del derecho penal para regular quién, cuándo y bajo qué circunstancias se puede acceder al aborto.

Asimismo, Cue señaló que la Suprema Corte ha establecido que los congresos locales no pueden determinar el momento en que se inicia la protección del derecho a la vida.

El pasado 9 de mayo inició en el Congreso local la discusión en torno a la despenalización del aborto; no obstante, el PAN ha buscado archivar las iniciativas votando en sentido negativo en las Comisiones de Justicia, para la Igualdad de Género y de Salud.

Las iniciativa presentada por Morena busca modificar el Código Penal de Guanajuato y otras leyes estatales para eliminar la sanción penal por abortar durante las primeras 12 semanas.

Asimismo, las diputadas María Eugenia García Oliveros y Ruth Noemí Tiscareño Agoitia presentaron un Voto Particular sobre la Despenalización del Aborto ante la Comisión de Justicia del Congreso del Estado de Guanajuato.

La propuesta de reforma albergada en el voto particular redefine el delito de aborto como interrupción del embarazo después de la semana 12, excluye de sanción los casos por violación y riesgo a la salud, incrementa sanciones para el aborto forzado y establece medidas contra personal médico que sea partícipe de un aborto forzado.

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