CIUDAD DE MÉXICO.- La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) impuso múltiples multas millonarias al Banco del Bienestar tras detectar graves deficiencias en su administración integral de riesgos, registros contables incorrectos y omisiones regulatorias.

Ante este escenario, el banco promovió demandas de amparo para frenar la difusión pública de estas sanciones alegando daños reputacionales, mientras que la Secretaría de Hacienda y la propia entidad salieron a aclarar que las fallas corresponden a auditorías de ejercicios pasados y que la solvencia de los fondos y los apoyos de los beneficiarios operan con total normalidad.

A la par de la fiscalización regulatoria, auditorías internas y gubernamentales expusieron que más del 80% de las sucursales construidas operan en un limbo jurídico al carecer de escrituras o contratos vigentes que acrediten la propiedad legítima de los predios.

Esto se suma a las crecientes reclamaciones de los usuarios ante la Condusef por clonación de cuentas, cobros incompletos y fraudes focalizados en adultos mayores, junto con observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) respecto a sobrecostos tecnológicos y la reciente inhabilitación de exfuncionarios implicados en retiros de efectivo no autorizados.

El panorama actual mantiene divididos a los analistas entre la defensa del alcance social del proyecto y las críticas a su limitada capacidad para funcionar como una banca comercial competitiva.

CONTRAATAQUE

Para contrarrestar el impacto mediático, el banco interpuso un juicio de amparo contra el artículo de la Ley de Instituciones de Crédito que obliga a publicar las sanciones en el portal de la CNBV.

La defensa argumentó que exhibir estas multas genera un “daño reputacional irreversible” y descrédito injustificado a la reputación institucional.

De las 10 penalizaciones impuestas por el órgano regulador, la dirección del banco promovió recursos de apelación y juicios de nulidad para revertir legalmente los montos económicos exigidos por la vía judicial.