
CIUDAD DE MÉXICO.- “Nosotros no tenemos ninguna prueba de algún vínculo de Andrés Manuel López Beltrán con algún delito, ninguna”, dijo este martes la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.
Tras la polémica desatada por la reciente revocación del visado estadounidense al hijo del expresidente, la mandataria sostuvo que estos señalamientos y las medidas migratorias aplicadas por el gobierno de Estados Unidos obedecen a motivaciones meramente políticas e intentos de injerencia extranjera.
Sheinbaum respaldó la postura de la Fiscalía General de la República (FGR), que previamente aclaró la falta de sustento jurídico para proceder penalmente en el país, y argumentó que la cancelación de un permiso migratorio por parte de otra nación no equivale a una prueba de responsabilidad criminal. Finalmente, la jefa del Ejecutivo federal cuestionó las exigencias de los partidos de oposición para abrir una indagatoria local, subrayando que cualquier imputación seria debe basarse en evidencias formales y no en versiones periodísticas o declaraciones de supuestos testigos.
Ayer, el medio de comunicación Latinus difundió una investigación periodística en la que revela presuntos vínculos indirectos entre Andrés López Beltrán, hijo del expresidente de México, y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
A través de una serie de grabaciones telefónicas interceptadas en 2023, se expone que Jorge Amílcar Olán Aparicio, identificado como amigo cercano y operador financiero de la familia López Beltrán, instruyó a su hermano Luis Alberto para coordinarse con una célula de dicha organización criminal en el estado de Veracruz.
De acuerdo con el reportaje, el objetivo de este pacto era evitar extorsiones y asegurar el control del suministro de balasto, un material pétreo clave utilizado en las obras federales del Tren Maya y el Tren Interoceánico.
Las conversaciones detallan que el contacto directo del grupo empresarial con el crimen organizado se realizó a través de Iván Cazarín Molina, alias “El Tanque”, un líder fundador del CJNG que se encuentra sancionado por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.
