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PRESENTA DIPUTADO INICIATIVA PARA QUE PERSONAS DEL MISMO SEXO PUEDAN CASARSE EN GUANAJUATO

GUANAJUATO, GTO.- El diputado local del PRD, Isidoro Bazaldúa Lugo, presentó este jueves una iniciativa para que, de una vez por todas, las personas del mismo sexo puedan casarse sin broncas en Guanajuato. 

La iniciativa contempla, además de lo referente a los requisitos para contraer matrimonio, los derechos y obligaciones que nacen de las nupcias, separación de bienes y divorcio, así como las adaptaciones pertinentes con objeto de suprimir cualquier distinción de género en lo referente al matrimonio.

Bazaldúa Lugo subrayó que ir en contra de la celebración de un matrimonio sería tanto como restringir que exista consenso de las voluntades individuales entre dos personas sobre un entendido o un acuerdo en común, lo cual representa también una trasgresión a los derechos fundamentales.

Apuntó que la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 16 señala que hombres y mujeres, una vez alcanzado el estado núbil, tienen derecho a contraer matrimonio, sin que se establezca un criterio restrictivo en razón de género, identidad, raza, nacionalidad o religión.

El congresista precisó que la razón por la cual las parejas del mismo seico no han gozado de la misma protección que las parejas heterosexuales no es por descuido del órgano legislativo, sino por el legado de severos prejuicios que han existido tradicionalmente en su contra y por la discriminación histórica.

Agregó que en varias jurisprudencias se ha establecido que las personas homosexuales no deben ser privadas de la posibilidad de contraer matrimonio. Ejemplifico con la jurisprudencia publicada el 22 de septiembre de 2015  en la que se sostiene que no existe razón de índole constitucional para no reconocer el matrimonio entre personas del mismo sexo, y que cualquier exclusión únicamente mantiene la idea de que las parejas del mismo sexo son  menos merecedoras de reconocimiento que las heterosexuales, generando un trato diferenciado que desde la ley se sustenta en un criterio discriminatorio, ofendiendo con ello la dignidad y la integridad de las personas.

La iniciativa fue remitida a la Comisión de Justicia para su estudio y dictamen.

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