LEÓN, GTO.- Los asesinatos de mujeres de entrada deben ser investigados como feminicidios; de esa manera respaldó la gobernadora de Guanajuato, Libia García, la iniciativa de ley presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum, con la que se establece que todas las fiscalías del país estarán obligadas a investigar cualquier muerte violenta de una mujer bajo el protocolo de feminicidio

“Yo ya me he pronunciado incuso antes de que la presidenta lo comentara, esa debe ser la forma de como investigar de la Fiscalía, primero determinar como si fuera un feminicidio, hay un tipo pena, también es cierto y debe encajar la conducta con el tipo penal, pero es preferible juzgar con perspectiva de género, y que de entrada se investigue como feminicidio, y que si no se dan las condiciones de acuerdo al tipo penal, pues que después se pueda reclasificar, pero que de originen sea feminicidio yo estoy de acuerdo con ella”, dijo la gobernadora.

En el caso concreto de Madeline, joven madre de 21 años que el pasado 24 de marzo presuntamente fue asesinada por su pareja Uriel “N”, un adolescente de 17 años de edad, la gobernadora demandó un juicio con perspectiva de género.

Agregó que su gobierno tiene contacto con la familia para apoyar a la hija pequeña de Madelie mediante el Fondo a las Infancias para víctimas indirectas de desaparición o feminicidio.

CONTEXTO

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó este martes una iniciativa histórica para expedir la Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Daño por el Delito de Feminicidio, con la que busca unificar el combate a la violencia de género en todo el país.

Durante su mensaje, la mandataria nacional subrayó que el objetivo central es eliminar la disparidad de criterios judiciales entre los estados y garantizar que ninguna muerte violenta de una mujer quede en el olvido o sea mal clasificada.

A partir de su aprobación, todas las fiscalías del país estarán obligadas a investigar cualquier muerte violenta de una mujer bajo el protocolo de feminicidio desde el primer momento.

La ley establece un marco jurídico único para que los 32 estados apliquen los mismos criterios de investigación, peritaje y reparación del daño.

La iniciativa contempla un aumento en las sanciones, estableciendo penas máximas de hasta 70 años de prisión para los responsables.
La propuesta será enviada de inmediato al Congreso de la Unión para su análisis, discusión y eventual aprobación, marcando un paso decisivo en la agenda de justicia de género de la actual administración.