GUANAJUATO, GTO.-  El Congreso del Estado de Guanajuato se convirtió hoy en el escenario de una fuerte controversia tras los reportes de una nueva vulneración masiva a los servidores de la Fiscalía General del Estado (FGE). Mientras el titular de la dependencia, Gerardo Vázquez Alatriste, niega el incidente, legisladores locales exigen transparencia ante lo que consideran una “crisis de seguridad digital”.

La alerta se disparó luego de que el grupo de hacktivistas conocido como Tekir APT asegurara haber extraído más de 336 mil expedientes del Banco Estatal de Víctimas.

La filtración supuestamente incluye datos personales sensibles, nombres de víctimas de violencia de género y detalles de carpetas de investigación en curso.

Al ser cuestionado al respecto, el fiscal Gerardo Vázquez Alatriste sostuvo que la información es “inexistente” y que los sistemas de la institución se encuentran operando con normalidad.

Sin embargo, en el Congreso local, el diputado Abraham Sotomayor, presidente de la Comisión de Justicia, señaló que la negativa no es suficiente para dar certeza a la ciudadanía y adelantó que se pedirán informes técnicos detallados.

Este nuevo episodio no ocurre en el vacío. La credibilidad de la Fiscalía se encuentra bajo escrutinio debido a un primer ataque confirmado hace apenas unos meses.

Y es que el propio fiscal admitió oficialmente haber sufrido un ciberataque que comprometió aproximadamente el 1.7% de la información de la Agencia de Investigación Criminal (AIC).

En aquel momento, se detectó la intrusión en servidores periféricos, lo que obligó a la institución a desconectar sistemas para contener el daño.

Aunque la Fiscalía minimizó el impacto en su momento, especialistas en ciberseguridad advirtieron que los datos extraídos eran suficientes para comprometer la identidad de agentes y testigos.

A diferencia del primer evento, este supuesto segundo hackeo apunta directamente al Banco Estatal de Víctimas, una de las bases de datos más delicadas del estado.

Los legisladores han manifestado su preocupación de que, si no se fortalece la infraestructura digital, la FGE podría enfrentar una “fuga de información en cascada” que ponga en peligro vidas humanas y procesos judiciales.