LOS ÁNGELES, EU.-  El gobierno de Estados Unidos mantiene investigaciones penales abiertas en contra de los gobernadores Alfonso Durazo (Sonora) y Américo Villarreal Anaya (Tamaulipas), ambos pertenecientes al partido oficialista morena, por presuntos vínculos con el crimen organizado.

La información, revelada por el diario estadounidense Los Angeles Times, detalla que las indagatorias se dan en el marco de una campaña de presión de la administración de Donald Trump hacia funcionarios públicos en funciones en México.

De acuerdo con el reporte periodístico firmado por Steve Fisher y Rebecca Linthicum, los mandatarios estatales son blanco de agencias federales de seguridad.

Alfonso Durazo (Sonora): Es indagado por presuntos nexos generales con organizaciones del crimen organizado que operan en su entidad.

Américo Villarreal (Tamaulipas): Su investigación está vinculada específicamente con el contrabando ilegal de combustible, actividad conocida como “huachicol”.

El diario estadounidense reportó que a ambos gobernadores les fueron revocadas sus visas debido a estas indagatorias.

A pesar de no contar con el documento migratorio regular, los funcionarios han ingresado a territorio estadounidense bajo la figura legal excepcional de “Beneficio Público Significativo” (Significant Public Benefit parole).

Este permiso especial bajo libertad condicional es otorgado de manera estricta por agencias como el Departamento de Justicia o la DEA a extranjeros que están colaborando con las autoridades o testificando ante un gran jurado.

En el caso de Villarreal, el reporte indica que suele ser escoltado por oficiales federales cada vez que cruza la frontera.

La publicación generó reacciones inmediatas por parte de los involucrados y del Gobierno Federal

Américo Villarreal negó categóricamente los señalamientos a través de un comunicado enviado al diario estadounidense, calificando las acusaciones de falsas, parciales y carentes de pruebas.

Alfonso Durazo, a  través de la vocería del Gobierno de Sonora, desmintió la información. Afirmó que no cuenta con ninguna notificación de investigación en su contra y aseguró que mantiene su visa estadounidense vigente.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum,  evitó validar las acusaciones y señaló que corresponde a los propios mandatarios aclarar su situación.

No obstante, cuestionó el trasfondo de las autoridades de Estados Unidos, al filtrar la información a la prensa y retirar visas, sugiriendo que la medida busca generar un efecto intimidatorio y representa una intromisión a la soberanía nacional.