CIUDAD DE MÉXICO.- Aunque el Tribunal Electoral del Poder Judicial (TEPJ) determinó que no había elementos para declarar nula la elección del Poder Judicial, este lunes los consejeros el Instituto Nacional Electoral (INE) determinaron imponer multas irrisorias a 177 candidatos ganadores por irregularidades en gastos de campaña y su aparición en los llamados “acordeones”.

Las sanciones se otorgaron en base a seis votos a favor y cinco en contra de los integrantes del Consejo de INE.  La consejera Carla Humphrey Jordan, presidenta de la Comisión de Fiscalización, afirmó que con esta resolución el INE concluye la fiscalización del primer proceso electoral judicial en la historia democrática de México, y subrayó que “en lo que compete a esta autoridad administrativa, el resultado no solo nos compromete técnicamente, sino institucionalmente”.

La presidenta de INE, Guadalupe Taddai, votó en contra de la sanción. Dijo que es una ilegalidad la multa porque no hubo pruebas contundentes sobre los acordeones.

Las multas se fijarán de acuerdo al nivel socioeconómico de cada candidato ganador, sobre todo, ministras y ministros de la Corte, a quienes les redujeron la cantidad.

Revisión sin precedentes

Humphrey detalló que, para estos procesos extraordinarios, se fiscalizaron más de 7 mil 700 candidaturas, se analizaron más de 7 mil 300 informes de campaña y se auditaron ingresos y egresos por un monto cercano a 900 millones de pesos.

“Un esfuerzo sin precedentes, con plazos inéditos y reglas de reciente creación”, enfatizó.

Distribución de las sanciones
La Unidad Técnica de Fiscalización (UTF) propuso una sanción de más de 10 millones de pesos a nivel federal y 8 millones de pesos en el ámbito local.

En el caso de las candidaturas federales, el 83 % de las sanciones se concentró en aspirantes a magistraturas de tribunales colegiados de circuito, así como en juezas y jueces de Distrito.

En el ámbito local, Chihuahua y el Estado de México concentraron el 35.9 % del total sancionado.

“Quien aspira a juzgar debe ser la o el primero en respetar la ley. Quien quiera interpretar el orden jurídico debe haberlo cumplido desde el primer acto de su postulación. No se puede construir legitimidad desde la omisión ni desde la simulación. Por eso, estas sanciones no sólo son necesarias, sino indispensables”, concluyó Humphrey.