CIUDAD DE MÉXICO.- Los cárteles de las drogas mexicanos no son grupos terroristas, sostuvo la mañana de este martes la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Dijo que dichas organizaciones criminales se encuadran estrictamente dentro de la tipificación legal de delincuencia organizada.
Durante su conferencia de prensa matutina, Sheinbaum atajó las versiones sobre un posible cambio de narrativa oficial y enfatizó de forma textual que en su administración no se comparte el término de terrorismo debido a que la legislación y la doctrina jurídica mexicana definen este concepto de una manera sustancialmente distinta, vinculada a fines puramente ideológicos y políticos, y no al lucro económico que persiguen las bandas criminales en el país.
Esta definición del gobierno mexicano responde de manera directa a las designaciones unilaterales impulsadas por administraciones de países como Estados Unidos y Argentina, las cuales han buscado catalogar a las agrupaciones delictivas locales bajo esa etiqueta internacional.
Ante este escenario, la jefa del Ejecutivo advirtió que México es un país soberano y libre, por lo que estas clasificaciones externas no pueden ser utilizadas bajo ninguna circunstancia como una “licencia” o un pretexto jurídico para justificar intervenciones armadas extranjeras o vulnerar el territorio nacional.
Sheinbaum Pardo recalcó que cualquier relación bilateral en materia de seguridad debe fundamentarse en un esquema de cooperación subordinada y de absoluto respeto mutuo, cerrando la puerta a operativos unilaterales de agencias externas dentro de las fronteras mexicanas.
Como parte de una estrategia integral para frenar cualquier intento de injerencia internacional motivada por estos nombramientos, el gobierno federal y el Poder Legislativo han impulsado reformas de fondo a los artículos 19 y 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Modificaciones que buscan blindar jurídicamente la soberanía nacional ante presiones externas, asegurando que los delitos de alto impacto cometidos por los cárteles sigan tratándose bajo el marco de la justicia nacional y el combate a la delincuencia organizada.
Con esto, la administración federal fija una línea clara en su política exterior y de seguridad, priorizando la defensa de la autodeterminación y el fortalecimiento institucional interno frente a las presiones punitivas de la comunidad internacional.
