CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum reveló que la Fiscalía General de la República (FGR) aún no le ha informado sobre la apertura formal de una carpeta de investigación por corrupción en el Instituto Nacional Electoral (INE), pese a que el propio consejo genera del organismo ha presentado ya al menos seis denuncias.
Durante la reunión matutina del gabinete de seguridad de este 10 de noviembre, la mandataria consultó directamente sobre el estatus de este caso; sin embargo, las autoridades correspondientes le notificaron que todavía no se dispone de información oficial sobre el inicio de las indagatorias.
Sheinbaum Pardo enfatizó que, debido a la existencia previa de diversas denuncias penales presentadas ante el órgano ministerial, corresponderá estrictamente a la FGR realizar las investigaciones pertinentes para determinar si existen elementos de prueba suficientes y definir qué delitos específicos se perseguirían en relación con este asunto.
Asimismo, la jefa del Ejecutivo federal detalló que la fiscal general de la República asiste de manera periódica a las reuniones del gabinete de seguridad según lo permite su agenda institucional —habitualmente una vez por semana o cada quince días—, mientras que en las sesiones restantes se cuenta con la representación del titular de la Agencia de Investigación Criminal, razón por la cual pidió esperar a que el organismo ministerial “autónomo” determine lo conducente conforme a los tiempos legales.
Con esta postura, respaldada por reportes de medios de comunicación como El Universal y LatinUs, el Poder Ejecutivo federal reiteró su respeto absoluto a la “autonomía” de la Fiscalía frente a las denuncias penales interpuestas por presuntos ilícitos relacionados con peculado y tráfico de influencias al interior del organismo electoral.
CONTEXTO
La actual crisis institucional en el Instituto Nacional Electoral (INE) se detonó por acusaciones de corrupción, tráfico de influencias y desvío de recursos públicos relacionados con la asignación millonaria e irregular de contratos.
El escándalo provocó la dimisión de la consejera presidenta, Guadalupe Taddei Zavala, junto a la renuncia en cadena de al menos 30 funcionarios de su estructura y de áreas estratégicas como comunicación, informática e igualdad de género.
Tras estos hechos, la presidencia provisional del organismo a cargo de Blanca Cruz y el Consejo General interpusieron seis denuncias penales ante la Fiscalía General de la República (FGR).
La trama escaló con una auditoría de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que detectó inicialmente 66.5 millones de pesos pendientes de aclarar en simulacros electorales, extendiendo su fiscalización a contratos de las últimas dos décadas y de los organismos locales. El panorama para el árbitro electoral se complica en el presente inmediato debido a un colapso operativo interno marcado por huelgas laborales, un inminente recorte presupuestal de 5 mil millones de pesos en la Cámara de Diputados, y la incertidumbre técnica sobre la producción de credenciales de elector y materiales necesarios para los comicios en puerta al estar bajo sospecha su principal proveedor estratégico.
