GUANAJUATO, GTO.- Todos conocemos la historia de algún cuate que pagó por un terreno y no recibió escrituras, lo engañaron y su familia se quedó sin patrimonio. Historias como esta o muchos ejemplos se repetían en Guanajuato y no tenía castigo, pero con una reforma al Código Penal para el estado se podrá encarcelar a particulares y funcionarios públicos que cometan estos engaños.

Los 36 diputados locales alzaron la mano para apoyar el cambio a la ley para castigar con tres o hasta nueve años de cárcel a cualquier persona que promueve o aliente la formación de asentamientos humanos irregulares. La cosa es pareja, los castigos van para particulares y para funcionarios públicos, aunque para estos últimos el castigo es más severo, de cinco a 10 años de prisión.

El diputado panista, Jesús Oviedo Herrera, aceptó que Guanajuato tenía una legislación deficiente, a la sombra de la cual por muchos años se autorizó la ejecución de construcciones en zonas de riesgo que someten a sus habitantes a la zozobra permanente, incluso a la perdida de su patrimonio y hasta de sus vida.

“Le estamos dando dienten al tema del ordenamiento territorial, al tema del Código Territorial que quedó pendiente, obviamente esta fue una iniciativa adicional que pusimos, se marca en ella de 3 a 9 años de cárcel a quien le demuestren que faltó a la ley y hasta 100 mil días de salario, son dos artículos que se están agregando al Código Penal, uno que va directamente con los infractores y otro que dirigido a los funcionarios”, señaló.

La modificación corresponde a una homologación que debía realizarse con la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano.