ESTADO DE GUANAJUATO.- En Guanajuato, las reacciones al “Plan B” electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum reflejan una profunda división entre las fuerzas políticas locales, centrada principalmente en los recortes presupuestales a municipios y congresos.

De entrada, legisladores federales de la oposición en Guanajuato han calificado la propuesta como inconstitucional.

El diputado panista Éctor Jaime Ramírez Barba cuestionó el proceso como “sesgado” y falto de diálogo, señalando que el Plan B busca imponerse rápidamente tras el rechazo de la reforma constitucional.

Existe rechazo hacia el planteamiento de recortar el número de regidores en los ayuntamientos (proponiendo un máximo de 7 a 9 según la población), lo cual la oposición ve como una intromisión en la autonomía de los municipios.

Por su parte, los integrantes de morena en el estado se han “alineado” totalmente con la propuesta presidencial.

Ernesto Prieto Gallardo, diputado federal morenista, defendió la iniciativa argumentando que no es un fracaso, sino una ruta para eliminar privilegios y “ahorrar” recursos que actualmente se destinan a bonos de regidores para redirigirlos a obra pública local.

Tras el rechazo inicial de la reforma constitucional, Prieto Gallardo advirtió que la falta de apoyo de sectores del PVEM y PT en la votación “cambiará la relación” con estos aliados en el estado.

En el Congreso de Guanajuato, los diputados locales han manifestado posturas opuestas respecto al Plan B electoral de Claudia Sheinbaum, centrando la disputa en la reducción de costos de los congresos y ayuntamientos.

Juan Carlos Romero Hicks (PAN) ha defendido el presupuesto del Congreso local frente a la narrativa de “eliminar privilegios”, argumentando que es necesario fortalecer los congresos en lugar de debilitarlos con recortes que afecten su operatividad.

Otros diputados de la bancada panista califican el plan como una “trampa y un distractor” que busca imponer topes presupuestales sin un diagnóstico real de las necesidades de cada entidad.

Se ha señalado que obligar a los estados a reducir sus regidores y presupuestos legislativos mediante leyes secundarias federales viola el federalismo.

Los diputados de Morena en Guanajuato han respaldado plenamente la propuesta, presentándola como una medida de austeridad republicana.

David Martínez Mendizábal (morena) ha impulsado la necesidad de un diagnóstico sobre los altos costos del Congreso local, criticando que cada legislador en Guanajuato cueste casi 23 millones de pesos al año.

La bancada morenista sostiene que el Plan B busca eliminar gastos excesivos (como camionetas de lujo y bonos) para reorientar esos recursos hacia obra pública en los municipios.

Apoyan la creación de un tope máximo al gasto de los congresos locales basado en el porcentaje de población, para evitar disparidades donde algunos legisladores manejan presupuestos siete veces mayores que otros.

Actualmente, Guanajuato es uno de los estados con mayor gasto por diputado, superando los 16 millones de pesos anuales por legislador según algunas métricas presupuestales de 2026.

El plan busca que el número de regidores en los ayuntamientos sea de un máximo de 7 a 9, lo que impactaría directamente la conformación de los 46 municipios del estado.