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CUMPLE MUNICIPIO CON LA VERIFICACIÓN PATRIMONIAL

LEÓN.- El Municipio de León cumplió con el 100 por ciento de su verificación patrimonial.

El contralor Leopoldo Edgardo Jiménez Soto, explicó que la Coordinación de Declaraciones Patrimoniales, dentro del Programa de Verificación de la Situación y Evolución Patrimonial, seleccionó de manera aleatoria a 100 servidores públicos municipales para revisar que los bienes señalados en su declaración patrimonial coincidieran con la información solicitada a diversas dependencias gubernamentales.

La Coordinación confirmó que, en el total de los casos, los bienes de los servidores públicos eran congruentes en relación a sus ingresos y egresos y también que la información proporcionada por los servidores públicos fue verídica.

La verificación patrimonial, se establece en el artículo 30 de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato y en el Plan de Trabajo 2018 de la Contraloría Municipal en su componente 21.

Hasta el mes de noviembre, la Contraloría Municipal recibió la declaración de 7 mil 301 servidores públicos. De estas, 634 fueron por nuevo ingreso, 236 por separación del cargo y 6 mil 431 fueron declaraciones anuales.

La declaración patrimonial, tiene como objetivo prevenir el enriquecimiento ilícito.

El Código Penal del Estado de Guanajuato, establece la definición de enriquecimiento ilícito en su capítulo IV, artículo 250, que “al servidor público que durante el tiempo de su cargo y por motivos del mismo, aumente ilícitamente su patrimonio o se conduzca como dueño de bienes no incluidos formalmente en aquél, se le aplicará de tres a doce años de prisión y de treinta a ciento veinte días multa”.

Para efectos de lo anterior, se computan entre los bienes que adquieran los servidores públicos o con respecto de los cuales se conducen como dueños, a los que reciben o de los que disponen su cónyuge, concubina, concubinario, y ascendientes y descendientes en primer grado.

Y advierte que las mismas sanciones se aplicarán a quien haga figurar como suyos bienes que el servidor público adquiera o haya adquirido ilícitamente, a sabiendas de esa circunstancia.

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