CIUDAD DE MÉXICO — La presidenta Claudia Sheinbaum aclaró este jueves que su administración no tenía la obligación legal de vigilar a los exfuncionarios de Sinaloa que recientemente se entregaron a la justicia de Estados Unidos, subrayando que dichas acciones fueron decisiones estrictamente personales.

Durante su conferencia matutina, la mandataria se refirió a los casos de Gerardo Mérida Sánchez y Enrique Díaz Vega, quienes ocuparon cargos estratégicos en el gobierno sinaloense.

Sheinbaum explicó que, al no contar con órdenes de aprehensión vigentes en territorio mexicano al momento de su partida, el Estado no contaba con facultades para restringir sus movimientos.

“No hay nada legal que nos obligue a vigilarlos”, sentenció la titular del Ejecutivo, minimizando además cualquier posible impacto político que sus declaraciones ante tribunales extranjeros pudieran tener sobre su gobierno o su partido.

En un tono de exigencia hacia el gobierno estadounidense, la presidenta condicionó la colaboración de la Fiscalía General de la República (FGR) a la entrega de pruebas contundentes e irrefutables que validen las acusaciones bajo las leyes nacionales.

Asimismo, criticó la falta de reciprocidad, señalando que existen 269 solicitudes de extradición enviadas por México que permanecen sin respuesta por parte de Washington.

Este pronunciamiento coincide con la visita oficial de Markwayne Mullin, secretario de Seguridad Nacional de EE. UU., con quien se prevé discutir el estatus de estas extradiciones y el fortalecimiento de la cooperación bilateral en materia de seguridad.