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DETERMINA DERECHOS HUMANOS QUE EL GOBIERNO DE LEÓN CRIMINALIZÓ Y ATENTÓ CONTRA LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN

LEÓN, GTO.- La Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato determinó que el Gobierno de León criminalizó y atentó contra la libertad de expresión, durante las manifestaciones en contra del aumento a la tarifa del transporte público a principios del 2017.

Según el dictamen del expediente PDH/83/18 el Gobierno de León afectó el derecho a la libertad de expresión al filtrar al periódico a.m. unas fichas con las que criminalizó a 6 personas que lideraron las manifestaciones en contra el aumento al transporte público a principios de enero del 2017.

La Procuraduría de los Derechos Humanos determinó que aunque el Gobierno de León negó la filtración de las fichas de los líderes, las cuales fueron publicadas por el periódico a.m. el 5 de enero con el encabezado “Identifican a impulsores de protestas”, es valido concluir que sí filtraron esa información.

“Es valido concluir que la autoridad municipal filtró la información en comento con la idea de señalar como personas que incitaban a manifestaciones y; por ende, a actos violentos, a las y los aquí quejosos, sin que existiera evidencia de que las y los particulares hubiesen instado a cometer actos delictivos”, se detalla en el expediente.

Además “se infiere que la afectación principal es al derecho a la libertad de expresión, pues cuando la autoridad señala que una manifestación de personas en la que se increpa a la autoridad o se expresan ideas chocantes o criticas en contra de la misma, constituye un delito o incita a actos ilícitos, lo que en sí sucede es que la autoridad criminaliza dicha expresión de ideas contrarias, para evitar una discusión democrática, y en su lugar, dementar y silenciar la manifestación en comento”, señala el documento.

La recomendación que el procurador de los derechos humanos en Guanajuato, José Raúl Montero de Alba, le hace al alcalde Héctor López Santillana es la siguiente: consite: “conscientes de que la libertad de expresión es indispensable para el desarrollo de la democracia, y como garantía efectiva de no repetición, se recomienda provea las acciones necesarias para garantizar las distintas formas de expresión, verbigracia: la desobediencia civil pacífica y; con ello, se eviten violaciones a las libertades públicas fundamentales, tal como acaeció en agravio de: Gabriela Zuleica Arriola Cadena, José Roberto Saucedo Pimentel, Yolanda Martínez Ortiz, Rodrigo González Zaragoza, Jaime Fortín Herrerías Yllán y Visente Hernández Barrios”.

ACEPTA RECOMENDACIÓN SANTILLANA

Al respecto, el alcalde Héctor López Santillana informó que aceptará la recomendación hecha por la Procuraduría General de los Derechos Humanos, para garantizar las distintas formas de libertad de expresión.

El resolutivo fue entregado esta tarde, por ello el alcalde leones explicó que acatará la recomendación, toda vez que la participación ciudadana es uno de los pilares que su administración impulsa para involucrar a la sociedad de forma activa en las decisiones de gobierno.

Afirmó que el respeto irrestricto a las garantías individuales de cada persona es fundamental en la construcción de la sociedad, “esto significa que no somos y nunca seremos un gobierno represor, por el contrario, somos una administración que lucha por el desarrollo común del Municipio del brazo de sus ciudadanos”, concluyó.

NO ES LA PRIMERA VEZ
La mañana del 19 de abril del 2017 el ex director de comunicación social del Gobierno de León, Nacho Camacho, pidió que la periodista Coco Bernal que no hiciera preguntas al alcalde Héctor López Santillana durante una entrevista realizada en vivo en un noticiero de la estación de radio La Poderosa.

A consecuencia de ello Coco Bernal se colocó una cinta adhesiva en la boca en la que escribió la palabra “censurada” y luego se tomó una fotografía que subió a sus redes sociales.
La foto se hizo viral, pese a que Nacho Camacho y su equipo pidió que la periodista la bajara.
Coco también logró grabar un audio en el que el propio alcalde acepta que su censura se debió a una estrategia de comunicación.
A consecuencia de ello, y a la presión de manifestaciones por parte de periodistas, Nacho Camacho fue despedido.

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