Así lo denunciaron los periodistas Carlos Alberto García Balandrán, Sofía Negrete Cuéllary José Meza Tapia, integrantes del Consejo Estatal de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
El caso en cuestión se suscitó el 28 de noviembre pasado, cuando la precandidata Alma Alcaraz Hernández, denunció por violencia política de género al líder del PAN, Marko Cortés y al gobernador, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, quienes aseguraron que su designación era señal de que su partido “había tirado la toalla”.
Ambas declaraciones fueron replicadas por los medios de comunicación y utilizadas como prueba por la abanderada ante la Comisión de Quejas y Denuncias del IEEG que decretó medidas cautelares, dentro del proceso especial sancionador 78/2023-PES-CG, que implican el retiro de las publicaciones donde documentaron las declaraciones de los políticos.
Por lo que solicitaron a El Sol de León, al Periódico AM, a Nuestras Noticias Bajío y al comunicador, Alejandro Ramírez Ramblas, el retiro de las publicaciones donde documentaron las declaraciones del gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo.
Dicha medidas cautelares no fueron dirigidas a los políticos denunciados, que fueron quienes hicieron las declaraciones contra Alma Alcaraz.
Ante este caso, el consejo estatal de protección señaló el IEEG pretende atacar la violencia política de género censurando a los medios de comunicación y pasando por encima de la constitución que define que toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión.
Indicaron que desde el 19 de abril integrantes del consejo, junto a la subsecretaría de gobierno, Elvira Paniagua Rodríguez y el secretario Técnico, Adrián Nájera; sostuvieron una reunión con la presidenta del IEEG, Brenda Canchola Elizarraraz; y con la secretaria ejecutiva, Indira Rodríguez Ramírez.
Señalan que les alertaron sobre casos de periodistas que fueron inscritos en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género (RNPS), por difundir declaraciones de políticos. Al final el tribunal federal los absolvió porque ellos no fueron los generadores de la violencia.
Aunque indicaron que la posición de Brenda Canchola es tajante en “no escribir, ni difundir declaraciones que incurran en presunta violencia política de género”, le especificaron que no podría censurar a los medios de comunicación, ni atentar contra la libertad de expresión y contra el derecho de la población a estar informada.
Incluso el consejo de protección recordó que el 15 de junio se realizó una segunda reunión con la presidenta del IEEG y con autoridades del Tribunal Electoral del Estado de Guanajuato (TEEG), a la que asistió el secretario de Gobierno y presidente del Consejo, Jesús Oviedo Herrera, donde nuevamente se externo dicha preocupación.
“No es función de los medios de comunicación corregirle la ‘plana’ a los políticos, la ciudadanía tiene el derecho a saber como piensan los políticos y candidatos. La labor de los medios de comunicación es difundir realidades y no ‘editar’ declaraciones como quiere el IEEG. La población tiene el derecho de tener elementos para emitir un juicio sobre el actuar y las posturas de los políticos y gobernantes”, sentenciaron.
