CIUDAD DE MÉXICO.- La Auditoría Superior de la Federación (ASF) inició una investigación de oficio en el Instituto Nacional Electoral (INE) por el presunto uso indebido de recursos públicos tras detectar indicios de graves irregularidades en contrataciones públicas, posibles conflictos de interés, simulación de competencia y triangulación de fondos ligados a la consejera presidenta, la morenista Guadalupe Taddei.
El órgano fiscalizador mantiene observaciones y revisiones que involucran montos superiores a los 66.5 millones de pesos que el instituto electoral no ha logrado solventar, una cifra que coincide además con indagaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en torno a redes de proveedores que suman contratos por cerca de 514 millones de pesos.
Esta investigación formal se abrió luego de que investigaciones periodísticas, principalmente del diario Reforma, expusieran presuntos vínculos de beneficio mutuo entre personas sumamente allegadas a la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, y las empresas proveedoras de materiales electorales.
Entre los señalamientos más directos destaca el caso de Jonathan Navarrete Torres, quien aparece registrado en la nómina de la oficina de Taddei con funciones y un sueldo elevado de chofer, pero que formalmente funge como apoderado legal de Corporativo Zeg, una de las firmas proveedoras señaladas por anomalías.
Asimismo, las indagaciones apuntan a una presunta red de al menos siete proveedores del INE ligados al empresario José Alfredo Hernández Casillas, persona cercana a la consejera presidenta, los cuales presuntamente simulaban competir entre sí en las licitaciones públicas y triangulaban los recursos del organismo, sumado a los cuestionamientos por la designación de funcionarios vinculados a estas mismas empresas en puestos clave dentro de la Dirección Ejecutiva de Administración.
Ante este panorama, la consejera presidenta Guadalupe Taddei Zavala rechazó categóricamente haber intervenido o influido para favorecer a dichas compañías en los procesos de adquisición, argumentando que el proceso de contratación está descentralizado, aunque tras la apertura de la investigación de la ASF anunció la remoción de diversos funcionarios en áreas de alta responsabilidad ejecutiva y administrativa, comprometiéndose formalmente a que el INE colaborará de manera plena y transparente mediante la entrega de toda la documentación requerida para esclarecer el destino de los fondos públicos.
