CIUDAD DE MÉXICO – Tras alcanzar acuerdos clave en materia de seguridad, comenzó la liberación de más de 9,000 toneladas de aguacate que permanecían varadas en Michoacán, permitiendo el reinicio de los embarques hacia la frontera norte.

Este avance ocurre simultáneamente con una reactivación focalizada y gradual de las inspecciones sanitarias en las principales zonas productoras de la entidad.

La reactivación sectorial se consolidó luego de que el gobierno federal desplegara a más de 1,500 efectivos del Ejército y la Guardia Nacional para resguardar de forma permanente los empaques, las huertas y las principales carreteras logísticas.

Esta movilización de fuerzas armadas se implementó con el objetivo prioritario de mitigar los riesgos de extorsión y garantizar la integridad física de los oficiales extranjeros.

De acuerdo con las pautas establecidas por el Departamento de Agricultura de EE. UU. (USDA) y la Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México (APEAM), el retorno de los inspectores estadounidenses se limitará a territorios específicos que ya cuentan con esquemas de protección reforzada.

Las actividades de verificación fitosanitaria operan exclusivamente en: Tancítaro, Tacámbaro y Uruapan, así como el corredor industrial comprendido entre Morelia y Pátzcuaro.

El freno a las actividades comerciales ocurrió el pasado 5 de agosto de 2026, fecha en la que Washington ordenó el cese inmediato de los procesos de certificación.

La determinación se derivó de una alerta de seguridad motivada por amenazas directas hacia el personal del USDA, en un contexto de bloqueos viales desencadenados tras operativos federales de captura criminal en la región.

La parálisis encendió las alertas en el sector agroindustrial, dado que Michoacán concentra el 88% del aguacate de exportación nacional hacia los Estados Unidos, mercado que anualmente representa un flujo económico superior a los 3,600 millones de dólares.

Pese a la reapertura en los municipios clave, las autoridades norteamericanas mantienen bajo supervisión permanente las condiciones en la entidad federativa para validar la viabilidad a largo plazo de las operaciones.