XALAPA (AP).— Los 11 carnales encarcelados en penales de máxima seguridad por disturbios ocurridos en la capital mexicana durante las marchas del 20 de noviembre, en las que los manifestantes pidieron justicia por los 43 estudiantes desaparecidos en Guerrero hace más de dos meses, fueron liberadas este sábado.
La Procuraduría General de la República (PGR) había acusado a los 11 activistas por los delitos de “homicidio en grado de tentativa, asociación delictuosa y motín”, todos delitos del fuero federal por lo que fueron trasladados a penales de máxima seguridad en los estados de Veracruz y Nayarit.
Para los jueces queda probado no solo “la insuficiencia de las pruebas” para los delitos imputados, sino las “inconsistencias en las declaraciones de los agentes aprehensores” por lo que no da “valor probatorio alguno” a sus testimonios, según un comunicado del Poder Judicial de la Federación.
Y cómo les iba a dar valor, si el principal argumento para acusarlos era que entre ellos se llamaban “compas”.