CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum “no ve riesgos” en lo que vayan a declarar los ex secretarios de seguridad y de finanzas de Sinaloa, ambos acusados de narcotráfico al igual que el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya.

Dijo que tampoco hay riesgo de que su partido, morena, sea declarada por los Estados Unidos como una organización terrorista por los presuntos vínculos que tiene con los cárteles de las drogas.

La jefa del Ejecutivo Federal sostuvo que su administración no mantiene pactos con el crimen organizado y subrayó que la estrategia de seguridad se basa en la atención a las causas y la inteligencia, no en la complicidad.

Respecto a las investigaciones en Estados Unidos que involucran a exfuncionarios del gobierno de Sinaloa, Sheinbaum aseguró que “no hay nada que esconder”.

Informó que, ante las órdenes de aprehensión emitidas en el extranjero, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) procedió al congelamiento preventivo de las cuentas del gobernador Rubén Rocha Moya, siguiendo los protocolos de ley.

Sheinbaum enfatizó que cualquier señalamiento contra funcionarios mexicanos debe ser procesado bajo las leyes nacionales y mediante pruebas contundentes.

“En México ya no se gobierna para intereses delictivos”, afirmó, rechazando cualquier intento de injerencia externa que pretenda vulnerar la legitimidad del movimiento de transformación.

Con esta postura, el Gobierno de México busca cerrar el paso a las especulaciones sobre la infiltración del narco en la estructura del partido oficial, manteniendo la exigencia de respeto mutuo en la relación bilateral con Washington.

CONTEXTO 

Dos excolaboradores de alto nivel del gobierno de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez (exsecretario de Seguridad) y Enrique Alfonso Díaz Vega (exsecretario de Finanzas), se entregaron voluntariamente a las autoridades de Estados Unidos la semana pasada.

Ambos enfrentan cargos en una corte de Nueva York por conspiración para el narcotráfico y posesión de armas exclusivas del ejército, bajo la acusación de haber recibido sobornos de la facción de “Los Chapitos” a cambio de protección operativa y política.

Estas entregas ocurren en medio de una crisis institucional que llevó al gobernador Rubén Rocha Moya a solicitar licencia de su cargo, mientras que la presidenta Claudia Sheinbaum ha calificado estos hechos como decisiones individuales que no comprometen la integridad del gobierno federal.

Actualmente, se reporta que ambos exfuncionarios buscan negociar acuerdos de cooperación con la justicia estadounidense para reducir sus sentencias.