SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO.- La Procuraduría General de Justicia del Estado torturó y privó durante 16 horas de su libertad a Antonio Luna Hernández, padre de los tres niños que fueron asesinados la madrugada del sábado durante un operativo policiaco en la comunidad Ampliación de Cieneguita.

Lo anterior fue dado a conocer por José Luis Vargas Ramírez, quien es el abogado del padre acusado de asesinar a sus propios hijos y de intentar matar a cinco elementos de la Policía Ministerial.

“Lo arrestan, supuestamente a las 2 de la madrugada (del sábado 14 de enero) y a las 11 del día lo ponen a disposición del Ministerio Público (…) Cómo es posible que en ese lapso pudo haber sido golpeado, como así fue, sí fue golpeado el señor (…) pedimos, precisamente a la juez, que diera vista a quien correspondiera porque es necesario que se erradique la tortura, pero nosotros se lo comentamos, eso es tortura. Lo torturaron definitivamente”, dijo el abogado.

José Luis Vargas Ramírez también reforzó la versión que horas antes había dado a conocer el secretario de Seguridad Pública de San Miguel de Allende, Luis Ricardo Benavides Hernández, en el sentido de que la familia (Antonio Luna y su esposa Juana Antonia Luna) estuvieron marcando a los números de emergencia desde la media noche y nadie acudió a su ayuda.

“La hora que arribaron los elementos aprehensores, porque ellos, eso creo que ustedes ya lo saben, la, el velador y su esposa, estuvieron pidiendo auxilio desde las 12 de la noche y ninguna autoridad llegó, hasta que llegaron estas personas, irrumpieron en el domicilio, al lugar”.

El abogado negó que no haya tenido contacto con la familia de su defendido, como así lo dio a conocer la esposa y madre de los niños fallecidos.

Argumentó que es parte de la estrategia legal, además de solicitar que las audiencias permanezcan siendo privadas.

También negó cualquier tipo de componenda entre él y el procurador de Justicia, Carlos Zamarripa Aguirre, a quien fue a buscar la tarde del martes pasado.

Finalmente reveló que fue contratado por José Cipriano Sánchez Zavala, quien es el dueño de la finca que cuidaba su defendido.