CIUDAD DE MÉXICO.- No todo el empresariado aceptó el acuerdo firmado este miércoles entre el Gobierno Federal, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y la Confederación de Trabajadores de México (CTM), mediante el cual se aplaza la discusión  en el Congreso de la Ley que prohíbe la subcontratación de trabajadores, también conocida como “outsorcing”.

Quienes están en contra son La Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), el Consejo Nacional Agropecuario (CNA) y la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

Estas organizaciones emitieron un comunicado conjunto en el que señalan que la iniciativa “pretende coartar la libertad de subcontratación” la cual atenta contra la creación y preservación de empleos formales, que dan sustento a familias mexicanas.

“Hemos decidido no suscribir el acuerdo propuesto por el Gobierno Federal en referencia a esa iniciativa”, manifestaron.

Dijeron estar a favor de las prácticas legales que favorecen la creación de empleo y promueven inversionistas con dimensión social, pero rechazaron que se pretenda estigmatizar a los empresarios como los artífices del no cumplimiento de las obligaciones fiscales y laborales.

CONTEXTO

El pasado 12 de noviembre, López Obrador, envió una iniciativa al Congreso para prohibir la práctica del “outsourcing” por considerarla “abusiva” y herencia del “periodo neoliberal”.

El Congreso llevó a cabo en primer lugar un Parlamento Abierto para evaluar los pormenores de la subcontratación, pero la discusión se ha encallado -y aplazado- en la Cámara de Diputados.

Según la Procuraduría Fiscal, hay más de seis mil empresas de subcontratación ilegal que evaden al fisco por más de 21 mil millones de pesos al año.

Y cerca del 23% del empleo formal registrado ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) depende de esta figura, según expertos.