CIUDAD DE MÉXICO – Tras la reciente desclasificación de acusaciones por parte de la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York, los funcionarios y exfuncionarios mexicanos señalados por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa han emitido declaraciones conjuntas e individuales para negar los cargos de conspiración, narcotráfico y posesión de armas de fuego.
El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, encabezó la respuesta oficial rechazando “categórica y absolutamente” las imputaciones. En un mensaje público, el mandatario estatal afirmó que los señalamientos carecen de veracidad y fundamento legal, calificándolos como un ataque al orden constitucional de México. Rocha Moya aseguró que cuenta con las pruebas necesarias para demostrar su inocencia y que colaborará con las autoridades correspondientes para limpiar su nombre.
Por su parte, el senador Enrique Inzunza Cázarez sostuvo que los cargos presentados por el Departamento de Justicia de EE. UU. no solo buscan afectarlo de manera personal, sino que forman parte de una estrategia contra el proyecto político de la “4T”. Inzunza insistió en que el proceso judicial estadounidense vulnera la soberanía nacional al intervenir en la política interna de México.
En la misma línea, el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, manifestó estar “tranquilo” frente a las investigaciones. Desmintió los reportes que sugieren que la policía municipal bajo su mando protegía cargamentos de estupefacientes, reiterando que su administración siempre se ha conducido bajo el marco de la legalidad.
Antecedentes y defensa institucional
Otros implicados, como el exsecretario de Administración y Finanzas, Enrique Díaz Vega, y el exvicefiscal Dámaso Castro Zaavedra, han mantenido una postura defensiva similar, argumentando que las acusaciones se basan en testimonios de testigos protegidos sin pruebas materiales sólidas.
Esta situación evoca la defensa utilizada anteriormente por el exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, quien hasta su sentencia en octubre de 2024 sostuvo que las acusaciones en su contra eran una represalia política basada en declaraciones de criminales que él mismo ayudó a capturar.
