GUANAJUATO, GTO.- Tres iniciativas con las que se pretendía despenalizar el aborto fueron rechazadas definitivamente por mayoría de votos en el Congreso de Guanajuato.

En sesión ordinaria, el Pleno del Congreso aprobó los dictámenes mediante los cuales se ordena el archivo definitivo de las tres iniciativas de reforma al Código Penal en materia de despenalización del aborto; otra de reforma a la Constitución Política para el Estado a fin de derogar la disposición normativa que establece que persona es todo ser humano desde su concepción hasta su muerte natural y una más que proponía cambios a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para incluir el concepto de autonomía reproductiva.

Despenalización del aborto

Como autora del dictamen, la diputada María Eugenia García Oliveros expresó que el tipo penal que criminaliza de manera absoluta la interrupción del embarazo en Guanajuato es inconstitucional y por ello se tiene la obligación de adecuar la legislación a los estándares constitucionales y convencionales en la materia.

Agregó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió que varios artículos del Código Penal estatal son inconstitucionales por vulnerar los derechos de las mujeres y de las personas con capacidad de gestar a decidir y forma parte de un sistema que criminaliza de forma absoluta el acceso a un aborto voluntario.

Finalmente, se especificó que si el Pleno del Congreso de Guanajuato se inclina a seguir criminalizando a las mujeres y no corrige la inconstitucionalidad se emitirá una declaratoria general y por lo tanto la criminalización en el Código Penal de la entidad quedará sin efecto para todas las mujeres, por lo que invitó a atender la obligación de legislar conforme a los principios de derechos humanos.

Al hablar en contra, el congresista Antonio Chaurand Sorzano manifestó que cada vez que se pospone este debate se les falla a las mujeres, ya que afuera la realidad sigue su curso. Expresó que las mujeres no pueden poner en pausa sus decisiones porque este Congreso decida retrasar las suyas.

Indicó que no se puede seguir pateando una discusión que ya ha sido ampliamente analizada, escuchada y documentada; que hoy posponer no era prudencia, era omisión. Apuntó que no despenalizar el aborto es un agravio contra las mujeres porque el Estado les da la espalda cuando más protección necesitan.

Chaurand Sorzano subrayó que la maternidad será deseada o no será, por lo que hizo un llamado firme al Congreso para dejar de administrar este tema desde la simulación, a dejar de usar el cuerpo de las mujeres como terreno de disputa política o ideológica y a asumir, de una vez por todas, la responsabilidad que les corresponde. “Un congreso que posterga derechos no es prudente, es injusto”, concluyó.

Por su parte, el congresista Rolando Fortino Alcantar Rojas habló a favor y manifestó que el derecho a la vida es fundamental protegido constitucionalmente desde el momento de la concepción hasta la muerte natural, mismos que se han plasmado en instrumentos nacionales e internacionales.

Agregó que el derecho a la vida no puede ser afectado, pues su límite implicaría su anulación, al ser considerado el derecho más amplio y necesario para que existan y se respeten cualquier garantía, por ello se construyó en todos los Códigos Penales de la nación el delito de aborto como un mecanismo de protección.

Concluyó diciendo que nadie tiene derecho a privar la vida de otro ser humano, por eso es de importancia que el resguardo de la vida en gestación y de los derechos de las mujeres no se agote en el ámbito del derecho penal por ser bienes constitucionalmente protegidos, así como que hay que entender que el derecho a la vida tiene un valor mayor y superior a cualquier derecho.

En contra, la diputada Sandra Alicia Pedroza Orozco indicó que con el dictamen se pretende mandar al archivo las iniciativas que buscan despenalizar el aborto voluntario hasta las 12 semanas de gestación.

Enfatizó que si no debería ser suficiente que ya la Suprema Corte de Justicia haya dicho que el Código Penal es violatorio de derechos para que lo reformen, que si no era lo más responsable de su parte como personas diputadas. Agregó que no buscaba confrontación sino justicia y dignidad; disminuir la mortalidad materna, garantizar los derechos y la protección de las niñas para que no sigan siendo obligadas a ser madres como consecuencia de la violencia estructural que las victimiza y obliga a concluir sus embarazos.

Apuntó que la maternidad debe ser decisión y no destino, que mucho se ha dicho que no hay mujeres presas por abortar, por lo que cuestionó entonces por qué mantenerlo en Código Penal, e instó a sus homólogos a votar en contra y que se regrese el dictamen a Comisión para elaborar uno a favor que proteja a las mujeres.

En su oportunidad, la diputada Karol Jared González Márquez manifestó su compromiso para hablar desde el respeto y la apertura de la diversidad de opiniones, así como evitar juzgar y descalificar, sino reafirmar la defensa de la vida en todas sus etapas, misma que debe ser protegida desde la concepción.

Añadió que en la discusión no se busca criminalizar a las mujeres, teniendo como prueba de ello que no existe ninguna mujer en Guanajuato encarcelada por abortar, por lo que aseguró que no se trata de restringir libertades, sino de mantener las herramientas legales que permitan proteger a las mujeres de quienes las explotan o abusan de ellas.

Finalmente, la legisladora reiteró que el objetivo es respetar la vida, proteger a las mujeres y a los no nacidos, así como mantener las herramientas legales que permitan perseguir a quienes realmente dañas y explotan, aunado a que se tendrá apertura a la realidad compleja de aquellas mujeres que han vivido y enfrentado situaciones difíciles.

En su intervención, también a favor del dictamen, la legisladora Susana Bermúdez Cano apuntó que volvían al análisis de proteger o no la vida, y recordó que cuando se hizo el primer estudio en cuanto a la ponderación de los derechos humanos se le quitó el término de persona al no concebido para poder cosificarlo y eliminarle todos los derechos.

Añadió que se ha hecho un falso discurso incluyendo otras cosas hasta incluir historias desgarradoras para que crean que el interés es legítimo. Enfatizó que reducir la discusión a un solo lado del binomio humano es incompleto, ignora la complejidad ética, ignora la protección jurídica vigente e ignora la progresividad, que significa que cada norma, cada reforma, cada política pública debe incrementar la protección de derechos, no disminuirla.

Argumentó que el embrión y el feto constituyen un bien que ineludiblemente amerita la protección de los poderes públicos del Estado, y que la preeminencia de ese bien no es una cuestión ideológica sino estructural, ya que, si no se garantiza la vida, se anulan de raíz todos los demás derechos.

Bermúdez Cano puntualizó que ni el juez ni el legislador tienen facultad para disponer del derecho a la vida como si fuera un interés disponible o susceptible de sacrificio frente a otros bienes.

Finalmente, el diputado Aldo Iván Márquez Becerra aseguró que desde la fracción parlamentaria que representa no se busca criminalizar a las mujeres, sino que la vida debe ser defendida desde la concepción hasta la muerte natural, misma que es una condición indispensable para la existencia de una democracia auténtica.

Precisó que defender la vida es un acto de responsabilidad y de solidaridad, así como acompañar a quienes atraviesan circunstancias que requieren el acompañamiento del Estado es construir apoyos y políticas públicas que respondan con empatía y con humanidad.

Finalmente, expresó que la defensa de la vida es uno de los principios que dan sentido a la historia, luchas y esperanza para seguir defendiendo a México y Guanajuato, poniendo en el centro la dignidad de cada persona.

El dictamen fue aprobado por 19 votos a favor y 17 en contra, por lo que se instruyó el archivo definitivo del dictamen.

Persona es todo ser humano desde la concepción hasta su muerte natural

Como autor del dictamen, el diputado Juan Carlos Romero Hicks manifestó que se tiene la convicción clara de defender el derecho humano a la vida, el cual no se encuentra para ser dispensable, ni por el Estado, ni por terceros, además de que se encuentra avalado por varios instrumentos internacionales en materia de derechos humanos.

Agregó que no es el caso de que se vulneren derechos reproductivos, toda vez que en lo relativo a las acciones de inconstitucionalidad resueltas por el Poder Judicial Federal incluyen la despenalización del aborto y que se tienen efectos concretos para norma específica, pero no implican un orden general de reforma para constituciones locales.

A manera de conclusión, Romero Hicks dijo que defender el derecho a la vida desde la concepción sostiene que la respuesta del Estado debe ser el fortalecimiento de políticas públicas de prevención, educación integral, atención oportuna a la salud, acompañamiento psicosocial y combate frontal a todas las formas de violencia.

En su oportunidad, la legisladora Susana Bermúdez Cano habló a favor, al indicar que abordar un tema que no es secundario sino absolutamente central a la humanidad y al ordenamiento jurídico la defensa y el reconocimiento irrestricto de la vida humana

Apuntó que no estaban ante una discusión abstracta y en un debate ideológico, sino que era un tema fundamental: la dignidad humana, la cual no se adquiere con la edad o la independencia, sino que es inherente a todo ser humano, sin importar su etapa de desarrollo.

Remarcó que negar esa dignidad sería tristemente una forma de discriminación injusta, contraria a los principios elementales de la bioética y de los derechos humanos. “Estamos a favor de la vida, porque sin el derecho a la vida simplemente se desmoronan la libertad, la igualdad, la justicia, la dignidad de cualquier persona, en consecuencia, nuestro estado ya tiene el mandato de reconocer, garantizar y proteger este derecho primordial”, subrayó.

Por su parte, la diputada María Isabel Ortiz Mantilla

El dictamen fue aprobado con 20 votos a favor y 15 en contra, por lo que se ordenó su archivo definitivo.

Autonomía reproductiva

Como autora del dictamen, la congresista Susana Bermúdez Cano comentó que se pretende intervenir en un ámbito que ya se encuentra regulado por una Ley General, que existen criterios que definen el alcance constitucional de este tipo de leyes y, en consecuencia, los límites de actuación de los congresos locales.

Apuntó que las leyes generales, por su diseño constitucional, expresan una renuncia deliberada del Constituyente Permanente a distribuir ciertas competencias entre Federación, estados y municipios, por lo que bajo esa lógica carecía de fundamento jurídico que una iniciativa local pretenda definir, modificar o alterar principios ya establecidos en una Ley General.

La congresista afirmó que hacerlo invade competencias y desarticula el modelo constitucional diseñado para asegurar uniformidad en materias que, por su relevancia, exigen un tratamiento homogéneo en todo el país.

Finalmente, manifestó que ningún Congreso local puede redefinir, alterar o sustituir principios, conceptos o mecanismos previstos en la Ley General, pues ello contravendría la naturaleza misma de las leyes generales y excedería las competencias que la Constitución asigna a las entidades federativas.

Al hablar en contra, la congresista Maribel Aguilar González indicó que el dictamen rechazaba un derecho fundamental para las mujeres: la autonomía reproductiva.

Externó que el dictamen afirma que no puede incorporarse la autonomía reproductiva porque no aparece en la Ley General y porque las legislaturas locales carecen de facultades para modificar principios rectores, además de que reducía la autonomía reproductiva al concepto de empoderamiento, como si fueran sinónimos, pero no lo eran porque uno era el camino y lo otro la decisión.

Mencionó que nombrar un derecho nunca excluye otros, lo que excluye es el silencio y lo que invisibiliza es la omisión, finalizó.

En su oportunidad, la diputada Yesenia Rojas Cervantes refirió que la Comisión para la Igualdad de Género determinó el sentido negativo del dictamen a discusión por no atender a las reglas de la técnica legislativa para justificar y definir el concepto de autonomía reproductiva, junto a que la competencia de establecer o modificar los principios le corresponde exclusivamente a la legislación federal, por lo que invitó a votar a favor del dictamen.

Por su parte, la legisladora Martha Edith Moreno Valencia manifestó que la interrupción legal del embarazo es una cuestión de derechos, de dignidad y de libertad; que defender el derecho a decidir no era promover la muerte, era proteger la vida de las mujeres, su salud, su futuro y su capacidad para trazar su propio destino cuando el Estado criminaliza el aborto, impone castigos sobre cuerpos que ya cargan con desigualdades históricas, económicas y sociales.

Apuntó que negar ese derecho es perpetuar estructuras que subordinan a las mujeres y limitan su capacidad de ser sujetas plenas de derecho. Dijo que la autodeterminación no es un privilegio, es una exigencia de justicia, por eso exigían leyes que respeten la voluntad informada, que aseguren acceso sin estigmas, que protejan a quienes toman decisiones difíciles.

Finalmente, remarcó que defender la autonomía reproductiva era defender la dignidad y el futuro de millones de mujeres.

La diputada Ana María Esquivel Arrona precisó que la autonomía reproductiva no está establecida como un principio en la norma general, pero que se hace referencia a la autonomía dentro del concepto de empoderamiento de las mujeres, al concebirlo como un proceso integral y transformador.

Señaló que en Guanajuato se apuesta por las mujeres al creer en su autonomía, en el sentido más amplio, que se traduce al derecho pleno a la salud, a la autonomía económica, al desarrollo personal, profesional y al de sus familias.

Finalmente, comentó que las mujeres de Guanajuato toman decisiones, forjan su destino y buscan siempre el bienestar de sus familias.

En la última intervención, la legisladora Plásida Calzada Velázquez refirió que la mujer tiene el derecho a decidir libremente sobre su cuerpo, además de recordar la resolución de la Suprema Corte de Justicia sobre la autonomía de las mujeres. Enfatizó que no había argumentos jurídicos para impedir a las mujeres guanajuatenses decidir de manera libre sobre su cuerpo, porque es un derecho natural.

El dictamen fue aprobado con 20 votos a favor y 16 en contra.

Galería fotográfica